El libro La economía de las infraestructuras en España: realidad, retos y recomendaciones, editado por Funcas y coordinado por Ginés de Rus y Carlos Ocaña, analiza la situación actual de las infraestructuras en España y los retos a los que se enfrenta con el objetivo de ofrecer un marco conceptual y práctico que permita superar las ineficiencias del pasado y orientar las decisiones futuras hacia una asignación más eficiente de recursos, compatible con la sostenibilidad financiera, ambiental y territorial.
Desde cuestiones como la planificación estratégica, la evaluación económica, las inversiones, la financiación o la participación público-privada, la aproximación es tanto transversal como monográfica para transporte, energía, agua y telecomunicaciones. Las infraestructuras constituyen un armazón que sostiene la economía y el bienestar social, por lo que, cuando fallan, sus efectos son inmediatos y costosos. Invertir en ellas es una condición necesaria, pero no suficiente, para el crecimiento económico. Invertir más no garantiza mejores resultados si no se elige adecuadamente en qué, dónde y cómo se invierte. La experiencia española muestra casos de sobreinversión con baja utilización, junto a déficits en ámbitos como las infraestructuras hidráulicas o el mantenimiento de redes de transporte y energía.
Entre los retos identificados destacan la adaptación al cambio climático, la transición energética, la digitalización y la necesidad de reforzar la resiliencia frente a riesgos sistémicos, como apagones, sequías, inundaciones o ciberataques. En este contexto, las infraestructuras digitales emergen como un elemento transversal, indispensable para optimizar la gestión del resto de redes y mejorar la productividad.
Como recomendaciones concretas, el libro cita: reforzar la planificación estratégica apoyada en el análisis económico; crear un sistema de financiación con recuperación de costes, internalización de externalidades; profesionalizar y ampliar el uso de colaboraciones público-privadas; priorizar el mantenimiento de infraestructuras existentes frente a nuevas inversiones; impulsar la resiliencia de las infraestructuras críticas; y reequilibrar la composición del gasto público y concentrarlo en inversiones productivas. El estudio también insiste en la importancia de mejorar la calidad institucional y la gobernanza de las infraestructuras y considera indispensable la evaluación rigurosa de beneficios y costes sociales en la medida en que la inversión pública en infraestructuras compite con otras partidas presupuestarias -salud, educación, dependencia o seguridad-.
Desde principios de los años 2000 y hasta la crisis financiera global, España fue uno de los países de la UE que realizó más inversión pública, lo que se tradujo en una expansión muy rápida del stock de infraestructuras, sobre todo en transporte (autovías, alta velocidad ferroviaria, aeropuertos y puertos) y en redes energéticas. En términos agregados, la ratio de inversión pública sobre PIB se situó de forma sistemática por encima de la media de la UE-27. En transporte, España fue, entre los grandes países europeos, el que más invirtió en términos relativos, lo que permitió construir una red de muy alta calidad en determinados modos, como el AVE o autovías, y mejorar la accesibilidad territorial. Desde la óptica macroeconómica, esta inversión actuó como palanca de crecimiento y de convergencia con la UE, aunque algunas de ellas son discutibles desde el análisis económico de su rentabilidad social.
La crisis financiera de 2008 y la de deuda soberana transformaron el escenario: la inversión pública se convirtió en variable de ajuste principal de la consolidación fiscal, con una caída muy significativa tanto en nueva infraestructura como en mantenimiento. En la década posterior a 2010, la inversión pública en España se situó de forma persistente por debajo de la media europea y marcó mínimos en torno a 2016. Este giro, planteado como un ajuste temporal, se convirtió en estructural, con consecuencias significativas. En primer lugar, el país pasó a presentar un gap inversor negativo frente a la media de la UE. En segundo lugar, el ajuste recayó no solo sobre nuevos proyectos, sino también sobre el mantenimiento y la renovación del stock existente.
La pandemia abrió una nueva etapa, con una respuesta fiscal expansiva sin precedentes y el lanzamiento del programa Next Generation EU. Es todavía demasiado pronto para evaluar el efecto real de este programa, ya que su ejecución es por ahora baja. Dentro de la inversión pública, una parte relevante del esfuerzo ha ido hacia proyectos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con foco en eficiencia energética, movilidad sostenible y digitalización. Sin embargo, frente a los máximos anteriores a la crisis financiera, el esfuerzo en infraestructuras físicas sigue siendo inferior.
Transporte
España cuenta con una amplia y, en muchos casos, muy desarrollada red de infraestructuras de transporte, fruto del intenso esfuerzo inversor previo a la crisis de 2008, especialmente en autovías y alta velocidad ferroviaria. Sin embargo, este proceso generó también problemas de sobrecapacidad y baja utilización en algunos activos, junto a un déficit creciente de mantenimiento tras más de una década de ajuste presupuestario. Anna Matas y José Manuel Vassallo subrayan la necesidad de reorientar la política de transporte hacia la eficiencia económica, la evaluación rigurosa de proyectos, la tarificación por uso y la consideración de los efectos territoriales, evitando inversiones guiadas por criterios políticos más que por rentabilidad social.
Energía
En el ámbito energético, Diego Rodríguez destaca el papel de las infraestructuras en la transición hacia un sistema descarbonizado y electrificado. El despliegue de energías renovables, el refuerzo de las redes de transporte y distribución, el almacenamiento y la gestión inteligente de la demanda son elementos clave para garantizar la seguridad del suministro y contener costes. El estudio advierte de los riesgos derivados de una planificación insuficiente, como la inestabilidad del sistema o los apagones, y defiende una regulación que incentive la inversión eficiente, internalice las externalidades ambientales y reparta adecuadamente los riesgos entre sector público y privado.
Agua
Las infraestructuras hidráulicas ocupan un lugar destacado por la creciente escasez y variabilidad del recurso, agravadas por el cambio climático. La falta de inversión en almacenamiento, prevención de inundaciones, redes urbanas y depuración ha incrementado la vulnerabilidad frente a sequías y episodios extremos, con elevados costes económicos y sociales. Alberto Garrido, Irene Blanco, Luis Garrote y Enrique Cabrera defienden una gestión del agua basada en criterios económicos, ambientales y de equidad, con sistemas de precios que reflejen la escasez real, incentiven el uso eficiente y aseguren la sostenibilidad de las infraestructuras a largo plazo.
Telecomunicaciones y digitales
España está en una posición avanzada en infraestructuras digitales, con una elevada cobertura de fibra óptica y redes móviles, lo que constituye una ventaja competitiva relevante. No obstante, Iñigo Herguera, Pilar Rodríguez y Jorge Pérez advierten de nuevos retos asociados a las externalidades de red, la concentración de mercado, la ciberseguridad y la creciente interdependencia con otras infraestructuras críticas. Las infraestructuras digitales se consideran un complemento esencial para mejorar la eficiencia del transporte, la energía y el agua, pero requieren marcos regulatorios que fomenten la competencia, la inversión y el acceso equitativo, evitando riesgos sistémicos y posiciones dominantes.
