Se trata de la cuarta edición del estudio sobre jubilaciones que realiza esta asociación de jueces -la segunda en cuanto a número de asociados- y que, en esta ocasión, lleva como título ‘Análisis de las jubilaciones y necesidades de reposición en la carrera judicial 2022-2035’.
Según estas cifras, de las 117 jubilaciones del pasado año, 60 fueron forzosas por razón de edad, otras 46 fueron voluntarias o anticipadas y 11 se produjeron por incapacidad permanente. En este sentido, «está en riesgo la tutela judicial efectiva de los ciudadanos» al converger varios elementos, como el envejecimiento de la carrera judicial, menos jueces de carrera, más jubilaciones anticipadas por factores de carga y salud laboral, bajas que no se cubren y una sobrecarga de trabajo que no deja de crecer.
Es una conclusión similar -detalla la AJFV- a la que recientemente ha llegado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su ‘Plan estratégico para el decenio 2026-2035 de recursos humanos en la carrera judicial’.
A su juicio, perder un tercio de los jueces y magistrados en activo en una década tiene consecuencias de gran calado para el funcionamiento del sistema judicial pues la salida masiva de jueces agrava todos los problemas existentes, en un contexto en el que la planta judicial ya presenta un déficit estructural con cientos de órganos reforzados y una «fuerte dependencia» de la justicia interina. Eso sumado a que la tasa de litigiosidad ha pasado de 128,3 asuntos por cada 1.000 habitantes en 2018 a 145,7 asuntos en 2023 y 160,41 en 2024, advierte.
Igualmente, lamenta que las 500 plazas cuya creación han anunciado recientemente el Gobierno y el CGPJ tan solo cubren las jubilaciones registradas desde 2021 (506 en total), «pero son insuficientes» porque en diez años se producirán cerca de 1.800 bajas. «Sin una política sostenida de incremento de plazas de acceso a la carrera judicial, la combinación de jubilaciones masivas, la creación insuficiente de nuevas plazas y el crecimiento de la litigiosidad compromete la capacidad de los tribunales para resolver los asuntos en un plazo razonable», advierte.
Ortega recuerda además que en solo tres años, 139 jueces y magistrados han decidido adelantar su retirada en un contexto de envejecimiento de la carrera judicial, aumento de la sobrecarga de trabajo, ausencia de soluciones políticas y «clima de deslegitimación del Poder Judicial por parte de otros poderes del Estado».
Las 117 jubilaciones producidas en la carrera judicial en 2025 suponen 18 más que en 2024 y confirman una tendencia claramente ascendente desde 2022. Para la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la sobrecarga de trabajo no solo afecta a la calidad de la Administración de Justicia al reducir el tiempo que puede dedicarse a cada asunto, sino que tiene un impacto directo en la salud y el bienestar de los jueces, favoreciendo que muchos opten por la jubilación voluntaria o anticipada.
