Se trata de un gasto que es un 57,5% superior al que se destinaba en la época anterior al Covid y que viene provocado por el incremento de las jubilaciones de la generación baby boom, que han crecido entre este colectivo un 14,06% en el mismo periodo, y la muy alta cuantía de las prestaciones que recibe este polémico grupo de extrabajadores públicos. Así, el desembolso aproximado que se realizará a finales de este ejercicio para pagar estas jubilaciones será de unos 24.600 millones de euros.
Todo ello, en un momento en el que el sistema de Clases Pasivas se encuentra en extinción desde 2011, año en el que dejaron de entrar cotizantes y los funcionarios de nuevo ingreso estaban obligados a aportar en el Régimen General de la Seguridad Social. Y es que aunque no hay nuevos cotizantes, una gran parte los trabajadores públicos que comenzaron aportando a este sistema están en la edad de jubilación, lo que hace que en estos últimos años el gasto en pensiones de la Clases Pasivas vaya en aumento.
Anteriormente, en este sistema se incluía a funcionarios de la Administración Civil del Estado (AGE), policías nacionales, militares de carrera permanentes y no permanentes, guardias civiles, Administración de Justicia, docentes, Cortes Generales, de Órganos constitucionales o estatales y Registradores de la Propiedad anteriores a 2015. Además de a los militares de carrera, también incluye a los de las Escalas de complemento, de tropa y marinería profesional y los Caballeros Cadetes, Alumnos y Aspirantes de las Escuelas y Academias Militares, así como a expresidentes, vicepresidentes y ministros del Gobierno. Los profesionales que pertenecían hasta hace quince años a estos grupos cotizaban al Régimen de Clases Pasivas del Estado a través de la Cuota de Derechos Pasivos, que era la que les daba acceso a la jubilación y a la de sus familiares.
El hecho de que este sistema tenga limitaciones desde 2011 ha provocado que su valor sobre el Producto Interior Bruto (PIB) haya pasado de ser del 1,4% en el año 2022 al 0,28 a cierre de 2025, según el informe Proyecciones del gasto público en pensiones en España que elaboró el ministerio de Seguridad Social en 2023. La circunstancia de que el gasto en estas pensiones aumente, pero su peso sobre el PIB disminuya, debe mucho a un efecto meramente estadístico, relacionado con el modo en que crece el denominador de la proporción, en concreto, la cuantía del PIB.
Además, el estudio señala que el protagonismo de este tipo de pensiones sobre el total de la economía nacional irá disminuyendo de manera progresiva: en 2030 se espera que el gasto sobre el PIB sea del 1,18%, en 2040 un 1%, en 2050 un 0,79%, 2060 un 0,61% y ya en 2027 sea del 0,38%. Por su parte, el último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) es más cauta y señala que el gasto en pensiones de Clases Pasivas del Estado será, sobre la economía, del 1,2% en el año 2050 –0,41 puntos más que lo que pronosticaba el Gobierno en 2023– y del 0,3% para 2070 –una cifra que es apenas un 0,08 menor a la que esperaba el Ejecutivo–. Para que este sistema de pensiones tenga una peso casi inexistente sobre el PIB habrá que esperar hasta los años comprendidos entre 2070 y 2080, cuando se espera que estas prestaciones se hayan extinguido por el fallecimiento de los beneficiarios y sus familiares.
Concretamente, el gasto que se desembolsó en el mes de enero de 2026 representa el 0,1% de la economía de España –según cálculos propios–. De seguir este rumbo, el peso acumulado sobre la economía en el mes de diciembre será del 1,25%.
Según cálculos propios a través de los datos del ministerio de Seguridad Social, el importe medio que se destina a cada jubilación por Clases Pasivas es de 2.386,4 euros mensuales. Ahora, los antiguos trabajadores públicos que reciben la pensión a través de este sistema son funcionarios civiles y sus familias (en enero fueron unos 569.035, el 77,2% del total), militares retirados y sus familiares (159.777, son un 21,7% del total de jubilados por Clases Pasivas), mutilados y familiares afectados, así como las víctimas de la guerra y terrorismo y sus allegados (5.265) y afectados por VIH (710). Además, también se incluye a militares, guardias civiles y policías nacionales que fueron condecorados con cruces y medallas que contemplaban una pensión vitalicia (que son 159 en total), y otras pensiones y prestaciones (en este grupo se incluyen 1.847 jubilados).
En los últimos siete años, el mayor repunte se da entre 2021 y 2022, cuando el gasto en pensiones de las Clases Pasivas se incrementó un 29,8% interanual y el número de beneficiarios apenas aumentó un 2,2%. Este alza se debe, principalmente, al dinero que se destina a la nómina de los jubilados civiles de legislación nueva, los que se desembolsaron 1.132 millones de euros en el mes de enero de 2022 frente a los 861,6 millones de 2021; y, por consiguiente, al aumento de la jubilación de sus familiares –en 2021 se destinaron 72,2 millones y en 2022 fueron 94,2 millones de euros–. También a los retirados militares de legislación nueva –185,5 millones en 2021 frente a los 231,4 millones del año 2022– y sus familiares –48,6 millones en 2021 y 62,7 millones en 2022–.Además, de la estadística sorprende el descenso que se dio en el año 2023, ya que los beneficiarios crecieron un 1,7%, pasando de 681.297 en 2022 hasta los 692.901 en 2023, mientras que el importe para estas pensiones disminuyó un 6,68% interanual –comparando los dos eneros de ambos años– en el que se pasó de desembolsar 1.569 millones de euros en 2022 a 1.464 millones de euros en 2023.
