La defensa del político ha planteado una demanda de conciliación como paso previo a la interposición de una querella por injurias y calumnias contra la ministra de Hacienda.
En ese escrito ante la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid, su abogada, Sánchez Baena, insta a Montero a admitir en ese acto de conciliación que el pasado 13 de enero -durante la celebración de una interparlamentaria del PSOE andaluz- atribuyó falsamente a Landaluce «la comisión de un delito grave generador del máximo reproche social», se comprometa a rectificar públicamente y a pagar esos 200.000 euros de indemnización.
La letrada recuerda que la vicepresidenta primera del Gobierno ya se mostró dispuesta a «aclarar» sus palabras sobre el alcalde de Algeciras, «pero sin concretar la fecha» de esa rectificación.
Landaluce quiere que Montero admita que sus afirmaciones «se profirieron con conocimiento de su falsedad y con la finalidad de inducir a la opinión pública a creer» que estaba siendo investigado por delitos de violencia de género, «proyectando sobre él una apariencia de criminalidad que no se compadece con la realidad y alimentando injustificadamente el reproche social».
ministra de Hacienda a «reconocer que tales manifestaciones, realizadas por quien ostenta una alta responsabilidad institucional, exceden los límites constitucionales de la crítica política o la libertad de expresión, al consistir en la atribución falsa» a Landaluce «de comportamientos delictivos con la finalidad de dañar su reputación personal y profesional al vincularlo con hechos merecedores del máximo reproche social, lo que constituye una intromisión ilegítima en el derecho fundamental al honor».
De igual modo, exige que se comprometa a retractarse «de forma pública, clara, expresa e inequívoca reconociendo la falsedad de las imputaciones realizadas» y dejando claro que Landaluce «no ha sido condenado, denunciado ni investigado por delitos de violencia de género». Una retractación que, añade, debe realizarse «con difusión equivalente a aquella en la que se realizaron las manifestaciones y en el plazo de cinco días desde la firma del acta de avenencia».
El texto de rectificación que pide a Montero que asuma precisa que «la única denuncia» formulada contra Landaluce «fue presentada ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por dos integrantes del PSOE andaluz y archivada mediante decreto de 9 de enero de 2026 al no apreciarse indicios de delito».
