La resolución judicial avala el trabajo de la policía judicial y permite continuar con el examen de las comunicaciones electrónicas incautadas. El tribunal considera justificado que los investigadores dispongan de más tiempo para revisar el elevado número de correos, que todavía deben ser filtrados para determinar cuáles pueden tener relevancia penal. El auto responde al recurso presentado por la defensa de uno de los investigados, que trató de limitar el alcance del examen de los correos electrónicos incautados. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado esa petición y ha avalado que continúe el análisis técnico de la documentación digital.
Según recoge la resolución judicial, los investigadores se encuentran en fase de cribado y clasificación de las comunicaciones. Una vez concluido ese proceso, se elaborará un informe preliminar y, posteriormente, uno definitivo que sintetice los correos relevantes para la causa.
Este tipo de análisis suele resultar clave en investigaciones sobre contratación pública, ya que permite reconstruir las negociaciones previas a la adjudicación de contratos, identificar posibles intermediarios y comprobar si existieron contactos irregulares entre empresas y responsables administrativos. La causa se centra en varios contratos de emergencia adjudicados durante los primeros meses de la crisis sanitaria por el Servicio Canario de Salud para la adquisición de mascarillas y otros suministros médicos.
En aquel momento, el Ejecutivo autonómico, presidido por Ángel Víctor Torres, gestionó contratos millonarios vinculados a la pandemia mediante procedimientos extraordinarios que permitían acortar los plazos administrativos para acelerar la compra de material sanitario en un contexto de escasez mundial.
Entre las empresas investigadas figura Damco Trading Services, que obtuvo diez adjudicaciones valoradas en 19,6 millones de euros durante ese periodo. Las diligencias abiertas por la Fiscalía Europea analizan si en esos contratos existieron irregularidades administrativas o posibles delitos vinculados a la gestión de fondos públicos.
La competencia del organismo europeo se explica porque parte de las compras investigadas se financiaron con fondos de la Unión Europea destinados a afrontar la emergencia sanitaria de la covid, lo que activa la jurisdicción de la Fiscalía Europea en casos de posible fraude o uso indebido de recursos comunitarios.
La investigación conocida como caso Damco surgió tras diversas denuncias sobre posibles irregularidades en adjudicaciones sanitarias —mascarillas, fundamentalmente— hechas durante la pandemia en Canarias. Los investigadores examinan si algunas empresas obtuvieron contratos millonarios pese a carecer de experiencia previa en el suministro de material sanitario.
Las diligencias también analizan el papel de posibles intermediarios y sociedades vinculadas a las operaciones investigadas, así como la existencia de pagos por servicios que no se habrían prestado realmente. La Fiscalía Europea ha puesto el foco en una decena de contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia, algunos de ellos firmados mediante procedimientos de emergencia que permitían acelerar la contratación pública ante la escasez de material sanitario.
El análisis de las comunicaciones electrónicas se ha convertido en uno de los ejes centrales de la investigación. Los investigadores han incautado repositorios completos de correos electrónicos que ahora deben ser examinados para reconstruir la secuencia de contactos entre empresas, intermediarios y responsables administrativos. El volumen de comunicaciones intervenidas —unos 25.000 correos electrónicos— refleja la dimensión de la investigación. En procedimientos de este tipo se utilizan herramientas de análisis digital para filtrar los mensajes mediante palabras clave, remitentes o fechas con el objetivo de identificar conversaciones relevantes. Ese proceso permite reconstruir la negociación de los contratos investigados y detectar posibles indicios de irregularidades en la contratación pública.
El auto de la Audiencia Nacional subraya que ese trabajo aún no ha concluido. Por ello, respalda que la policía judicial continúe examinando el material digital incautado hasta completar el análisis. La decisión del tribunal confirma que la causa se encuentra todavía en una fase preliminar y que podrían surgir nuevas diligencias a partir del contenido de los correos analizados. Por ahora, la Fiscalía Europea mantiene abiertas las diligencias sobre la trama de mascarillas en Canarias, una investigación que trata de aclarar cómo se gestionaron algunos de los contratos sanitarios firmados durante los momentos más críticos de la pandemia y si hubo irregularidades en el uso de fondos públicos.
