La Audiencia Nacional juzga el presunto operativo policial puesto en marcha en 2013 para obtener documentación del extesorero del PP Luis Bárcenas y frenar las investigaciones sobre la supuesta caja B del partido.
Esta semana expondrán sus conclusiones las defensas del comisario jubilado José Manuel Villarejo, del comisario Andrés Gómez Gordo y del exchofer de Bárcenas, Sergio Ríos. Posteriormente, los ocho acusados podrán ejercer su derecho a la última palabra.
La Fiscalía Anticorrupción solicita la pena más elevada para Villarejo: 19 años de prisión por presuntos delitos de encubrimiento, malversación, vulneración de la intimidad y cohecho. Según el Ministerio Público, el comisario captó a Sergio Ríos para obtener información sensible relacionada con el caso Gürtel y facilitar que determinados responsables eludieran sus responsabilidades.
La acusación sostiene que Villarejo trasladaba la información al exdirector adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, y al exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quienes informaban al entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Los tres también están acusados.
Las defensas, por su parte, mantienen que se trató de una operación de inteligencia legal destinada a localizar patrimonio oculto de Bárcenas en el extranjero y reclaman la absolución de sus clientes.
Las agendas y grabaciones de Villarejo constituyen la principal prueba de las acusaciones, mientras que las defensas cuestionan su fiabilidad. Además de Villarejo, la Fiscalía pide 15 años de cárcel para Fernández Díaz, Martínez, Pino y Gómez Gordo; 12 años y medio para Sergio Ríos; y dos años y medio para el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas.
