La defensa de Rodríguez Zapatero ha recurrido el auto del juez Calama que autoriza a la UDEF a recabar información de una batería de cuentas bancarias porque da permiso a la unidad policial para «ampliar la información que se considere pertinente» sobre los productos financieros, una «delegación en blanco» a ojos del letrado, que «choca con derechos fundamentales» del expresidente del Gobierno.
«Se puede entender que la unidad policial solicite cierto margen de autonomía en la investigación y el instructor se lo conceda, pero en este caso se trata de peticiones que friccionan o chocan con derechos fundamentales, y requieren una ponderación de los intereses en conflicto, como así lo exige la Constitución y la ley», dice el escrit
En general, la defensa del expresidente no se opone al análisis de sus cuentas bancarias y las de la empresa de sus hijas, Whathefav, como tampoco a que se analicen las relaciones económicas mantenidas con Julio Martínez y sus sociedades. Sin embargo, sí pone objeciones al modo en que se ha autorizado que esa investigación se lleve a cabo, especialmente por esa autorización amplia a la unidad policial que pide al juez rectificar.
«No decimos que se deba impedir absolutamente a los funcionarios de la UDEF obtener documentación adicional si fuera necesario, pero sí que precisan de una previa autorización judicial mediante resolución motivada. Además, no se puede perder de vista que una habilitación genérica podría avalar una investigación prospectiva. Y es claro que, en primer lugar el Juez instructor, y en un segundo plano las partes mediante los correspondientes recursos, deben poder verificar previamente si una determinada petición de la UDEF se circunscribe a lo que es objeto del proceso», argumenta. Para el letrado Moreno Catena, «si se analizan datos sin previa autorización judicial y para fines diferentes a lo que es objeto de esta instrucción se puede indebidamente socavar el derecho fundamental a la intimidad y los datos personales del Sr. Rodríguez Zapatero, y vulnerarse el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías».
«En definitiva, no se puede permitir, por la vía de esta amplia habilitación, que se analice una información potencialmente íntima sin autorización judicial ni la indagación prospectiva en cuestiones ajenas al proceso», añade.
En este sentido, recurre otra de las previsiones de ese auto, que incluye que la UDEF acceda a las comunicaciones de Zapatero con las distintas entidades financieras. Para la defensa, «la correspondencia entre la entidad y el cliente no es un dato bancario en sentido estricto, sino que se trata de una comunicación, y su aprehensión afectaría al derecho al secreto de las comunicaciones».
Por último, solicita al juez que acote el periodo temporal, porque el análisis encomendado a la UDEF aborda los movimientos bancarios hasta la actualidad, es decir, más allá de los hechos que están siendo objeto de investigación. Pide en concreto que la información abarque como máximo hasta diciembre de 2025.
Incluye además la defensa la petición de que el auto, que crea una pieza separada para analizar en ella los movimientos económicos de Zapatero en su relación con las sociedades de Julio Martínez, establezca los términos para garantizar que queda fuera de la causa toda aquella información que nada tenga que ver, de modo que el Letrado de la Administración de Justicia sea quien asuma el expurgo bajo supervisión del instructor y siguiendo unos criterios previamente establecidos por el propio magistrado. Quiere que la UDEF haga constar en sus informes no sólo los datos favorables a su tesis policial sino también los que favorezcan a los investigados.
