Además, reclama que David Sánchez devuelva los 340.572 euros percibidos durante su etapa en la Diputación de Badajoz entre 2017 y 2025. Para Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la institución provincial, pide una condena de cuatro años de cárcel, mientras que solicita un año y medio de prisión para Luis Carrero.
La asociación sostiene que tanto David Sánchez como Carrero no fueron beneficiarios pasivos de los procesos de contratación, sino que desempeñaron un papel determinante. Según su recurso, ambos conocían con antelación aspectos clave de los procedimientos y contribuyeron a orientar decisiones administrativas que terminaron favoreciéndoles.
Hazte Oír discrepa de la Audiencia Provincial, que descartó el delito de tráfico de influencias al no apreciar una presión directa o explícita sobre los responsables de las contrataciones. La acusación argumenta que este delito no exige órdenes formales, sino que puede acreditarse mediante actuaciones destinadas a influir en la toma de decisiones.
El recurso también cuestiona la modificación del puesto de trabajo de David Sánchez en 2022, cuando pasó a dirigir la Oficina de Artes Escénicas, y la posterior contratación de Carrero, cuya vinculación personal y profesional con el músico considera relevante para la investigación.
Por último, la asociación rechaza que existiera fraude procesal al modificar la calificación jurídica de los hechos durante el juicio y pide al TSJ extremeño que revise íntegramente la responsabilidad penal atribuida a los principales implicados.
