El derecho de manifestación constituye uno de los pilares de cualquier democracia y debe ser protegido. Sin embargo, ese derecho no es ilimitado. La ocupación prolongada de un espacio tan emblemático y transitado como la Puerta del Sol afecta al comercio, a la movilidad de los ciudadanos y al normal funcionamiento de una zona clave de Madrid. Precisamente por ello, corresponde a las autoridades competentes encontrar un equilibrio entre el derecho a la protesta y los derechos del resto de la ciudadanía.
Resulta difícil entender que, disponiendo de un dispositivo de aproximadamente 120 agentes antidisturbios y con información previa sobre la posibilidad de una acampada, la respuesta haya sido la inacción absoluta. Si la decisión obedeció a criterios de oportunidad política y no de seguridad, la ciudadanía merece una explicación. La transparencia es una obligación cuando se adoptan decisiones que afectan al uso del espacio público y a la convivencia.
Tampoco contribuye a la confianza institucional el intercambio de reproches entre administraciones. El Ayuntamiento acusa a la Delegación del Gobierno de dejación de funciones, mientras que esta última evita pronunciarse. Cuando las distintas administraciones trasladan la responsabilidad unas a otras, la sensación que perciben los ciudadanos es que nadie asume el mando ni responde de las consecuencias.
La cuestión de fondo no es si los manifestantes tienen derecho a protestar, sino si las autoridades actuaron conforme a criterios objetivos, proporcionados y coherentes con la legalidad. Si existe una instrucción de permitir la acampada, debería explicarse públicamente quién la dio, con qué justificación y durante cuánto tiempo iba a mantenerse.
En una democracia madura, las decisiones pueden ser discutibles, pero nunca opacas. Lo anómalo no es que haya protestas en la Puerta del Sol. Lo preocupante sería que una decisión de no intervenir se adoptara sin explicaciones claras y sin asumir la correspondiente responsabilidad política.
