La propuesta podría conllevar la suspensión temporal de su acta de diputada y una sanción económica. Antes de que la Mesa del Congreso adopte una decisión, la parlamentaria podrá presentar alegaciones.
La investigación interna recoge además el testimonio de un trabajador del PP que asegura que la diputada le pidió manipular el dispositivo. El informe concluye que una veintena de personas resultaron afectadas por el incidente: doce necesitaron atención médica, una causó baja laboral y existen tres denuncias en tramitación.
El episodio también generó perjuicios económicos. La empresa encargada del comedor del Congreso cifró en unos 800 euros las pérdidas derivadas de alimentos contaminados, entre ellos decenas de raciones de crema, pescado y otros productos que tuvieron que ser desechados.
La alerta se produjo cuando una mujer que se encontraba en uno de los baños sufrió vómitos a causa del fuerte olor. Tras el incidente, la Policía acordonó la zona afectada, que incluía dos aseos y una de las cafeterías del Congreso.
