Los jueces sostienen que la mayoría del tribunal, encabezada por su presidente, Cándido Conde-Pumpido, ha invadido competencias que corresponden al Tribunal Supremo.
Los magistrados José María Macías, Concha Espejel, César Tolosa, Ricardo Enríquez y Enrique Arnaldo consideran que la resolución supone una «suplantación» de las funciones jurisdiccionales del Supremo al imponer su criterio sobre la interpretación de la ley de amnistía.
En su escrito advierten de una «deriva» del Constitucional que, a su juicio, desdibuja su papel dentro del sistema judicial. Recuerdan que corresponde al Tribunal Supremo fijar la interpretación de la legalidad ordinaria, mientras que el Constitucional debe limitarse a garantizar el respeto a la Constitución.
El voto discrepante sostiene además que la sentencia rompe el equilibrio institucional entre ambos órganos y critica que el Constitucional incluya instrucciones sobre cómo debe actuar el Supremo una vez reciba la resolución.
Los magistrados consideran «injustificado» ese planteamiento y sugieren que refleja una falta de confianza hacia el Alto Tribunal. La discrepancia surge después de que la mayoría del Constitucional avalara la amnistía de la malversación, una decisión que permite retirar las órdenes de detención contra Carles Puigdemont y abre la puerta a levantar las inhabilitaciones de varios dirigentes independentistas.
