La compañía ha sido precalificada, de la mano de la contratista belga Deme, para pujar por uno de los grandes proyectos en marcha del país andino, que contempla un plan de inversión público-privada de 4.450 millones de dólares (algo menos de 3.800 millones de euros al cambio actual). La envergadura de las obras ha extendido el interés del sector más allá de las fronteras chilenas, dando paso a una licitación internacional. A inicios de septiembre, la pugna se reducía a tres empresas: la neerlandesa Van Oord, la belga Jan de Nul y la china CHEC. No obstante, la autoridad que orquesta el proyecto, la Empresa Portuaria San Antonio, ha aumentado a cinco el número de actores precalificados dando paso al tándem hispano-belga y a la surcoreana Hyundai Engineering & Construction. Para alzarse con el contrato, Acciona ha apostado por repetir la alianza que le llevó a adjudicarse en 2021 el desarrollo de la primera isla energética del mundo en el Mar del Norte con un coste de 28.000 millones de euros. Entonces, la española articuló su participación en el grupo Njord, donde se encontraba la mencionada belga, la noruega Boskalis y la danesa MT Højgaard International.
La licitación contempla la adjudicación de un contrato para la construcción de las obras del molo de abrigo de aproximadamente cuatro kilómetros de extensión, el dragado para la generación de la dársena, áreas de respaldo y vías de acceso, y las medidas de compensación y mitigación medioambiental. Con ello, el puerto ubicado en la costa central de Chile, a 100 km de Santiago, busca aumentar su capacidad de carga, desde las 23,4 millones de toneladas que movilizó en 2024 a las 60 millones una vez finalizada la ampliación en 2050, lo que casi triplicará la capacidad actual del puerto.
La reforma se divide en dos fases. La primera, presupuestada en 1.500 millones de dólares (1.270 millones de euros) abarca la construcción de infraestructura vial y ferroviaria, un rompeolas y el dragado de la dársena y se espera que el contrato quede adjudicado durante el primer trimestre de 2026 de cara a rematar esta fase en una década. El resto de la inversión se concentran en la segunda, que incluye dos frentes de atraque de 1.730 metros cada uno, que puedan recibir naves portacontenedores de última generación, de hasta 400 metros de eslora. El proyecto tiene un modelo de financiación público-privada (APP) de manera que la Empresa Portuaria San Antonio aporta 1.950 millones de dólares (1.660 millones de euros) y los 2.500 millones (2.130 millones de euros) restantes corren a cargo del sector privado, mediante concesiones portuarias, para la construcción, habilitación y operación de los sitios. Si bien este puerto supone una infraestructura clave para el comercio exterior chileno, la tramitación de su ampliación ha estado marcada por una fuerte resistencia comunitaria y cuestionamientos técnicos, con especial hincapié en su impacto climático sobre las Lagunas Ojos de Mar, un ecosistema de barra litoral de agua dulce ubicado en la desembocadura del río Maipo.
