Las dos inspectoras de la auditoría encargada por el ministro de Transportes, Puente, tras el estallido del «caso Koldo» han coincidido en señalar que resulta «evidente» que alguien avisó a Soluciones de Gestión, la empresa de la «trama Koldo» que se embolsó 53 millones de euros a resultas de la adjudicación de varios contratos para la adquisición de mascarillas en pandemia por parte de tres ministerios del Gobierno de Pedro Sánchez y los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias.
En su comparecencia, una de las inspectoras encargadas de elaborar ese informe,Anguita, ha afirmado sobre esa información privilegiada con la que supuestamente contó Soluciones de Gestión: «Es evidente que alguien le está comunicando algo a la empresa, porque si no ¿cómo lo sabe?».
Y es que la empresa presentó el día 20 una oferta de suministro de mascarillas aludiendo al procedimiento «de urgencia», 24 horas antes de la orden ministerial. Pero según ha referido, el entonces subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez (una de las víctimas políticas del «caso Koldo», junto al secretario general de Puertos del Estado), le dijo «que no lo sabía».
Por su parte, Belén Roel, subdirectora general de Inspección del Ministerio de Transportes -quien fue la encargada de designar a las dos inspectoras autoras del informe de auditoría- ha dejado claro que desde el ministerio se confirmó que «no habían buscado otras ofertas» para la compra de mascarillas más allá de la de Soluciones de Gesión.
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Otra de las auditoras, Ana Balbás, ha puesto además de relieve que «a lo largo de toda la auditoría se pone de manifiesto la intervención de Koldo García en varios momentos» desde que la oferta de Soluciones de Gestión se puso sobre la mesa). «Llama la atención que sea un asesor», ha remarcado, teniendo en cuenta que «había un jefe de gabinete por encima de cualquiera de los asesores, que no aparece mucho en todo el proceso».
Las peritos se han referido también al hecho de que la intención inicial de Transportes de adquirir cuatro millones de mascarillas se cambiase por la compra de ocho millones a instancias de la empresa elegida («son ocho millones o nada», llegó a decir Koldo en esos momentos). «De hecho hay una orden de cuatro millones firmada», ha recordado Balbás, que ha mostrado su sorpresa porque «luego en 38 minutos» se firmase otra orden para la compra del doble de material, ocho millones de mascarillas.
Anguita, por su parte, ha explicado que a lo largo del día 19 de marzo de 2020 desde el ministerio se enviaron diferentes correos electrónicos a departamentos y organismos dependientes para que realizaran una «estimación» del número de mascarillas necesarios para 15 días. Teniendo en cuenta esas cifras se concluyó que era preciso adquirir cuatro millones de unidades. Esa estimación técnica, ha recalcado, se basaba en el decreto de alarma (que fijaba 15 días de vigencia). Pero tras la factura proforma remitida por Soluciones de Gestión que ofrecía ocho millones de mascarillas -ha añadido- el 20 de marzo se cambió de opinión. «Nadie me ha dicho que se cambió de criterio. Ni verbal ni por escrito he encontrado otra cosa», ha apuntado al respecto.
Al unísono ha comparecido también ante el tribunal una perito propuesta por las defensas de Koldo García y José Luis Ábalos, la experta en compliance Lourdes del Amo, que ha ratificado sus conclusiones sobre lo que considera «juicios de valor» en el informe de auditoría, que según ella se apartan de la objetividad que requiere una auditoría de estas características según «la guía metodológica de la Administración General del Estado».
A preguntas del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha insistido en que el dictamen está trufado de expresiones «subjetivas» y «valorativas» -incluso ha hablado de «sesgos»- que considera contrarias a «los estándares de objetividad».
Asimismo, la testigo ha sembrado dudas sobre el informe de Puente porque, según se ha quejado, no tuvo acceso a los anexos para elaborar su contrainforme. «No son públicos y tampoco los he pedido», ha admitido, aunque ha calificado de «falta de transparencia» el mero hecho «de que no se hayan publicado junto al informe de auditoría».
«Las administraciones públicas están obligadas a publicar todos sus actos y están sujetas al principio de transparencia», ha incidido, por lo que ha defendido que el hecho de que un informe «de auditoría pública» no venga acompañado de esos anexos «es una falta de transparencia desde el punto de vista de compliance». «¿Qué aspectos no ha podido verificar?», ha querido saber Luzón. «Por ejemplo, las razones por las que se ha entrevistado a determinadas personas, y no a otras que fueron partícipes de primera mano de esa adjudicación», ha respondido.
Las autoras del informe, sin embargo, han replicado que no se trató de una auditoría pública, sino «interna» que incluso han calificado como un «informe». Balbás ha explicado que unas entrevistas llevaron a otras, matizando que no se trató de impulsar «unas actuaciones previas contra nadie». «En el proceso fuimos viendo a quién teníamos que entrevistar», ha añadido, tras realizar una «solicitud masiva» de información a Puertos del Estado y Adif (los dos organismos públicos dependientes de Transportes que contrataron con Soluciones de Gestión). «De ahí salieron las personas a entrevistar», ha afirmado, porque «inicialmente no teníamos definido a nadie».
En relación a estos reparos, Roel ha incidido en el «deber de sigilo» que tiene «respecto a cualquier información a la que se tenga acceso» en el cumplimiento de sus funciones.
