Los operadores de las 11 autovías, participados en su mayoría por grandes y medianas constructoras, y el Ministerio iniciaron las negociaciones hace poco más de un año. En los últimos meses, los inspectores de la Dirección General de Carreteras, con el apoyo de Ineco y el Cedex, han analizado los trabajos que las concesionarias deberán llevar a cabo atendiendo a los pliegos, la oferta presentada en su momento en la licitación de los contratos y al estado de los tramos. Ahora llega un momento decisivo en el proceso con la entrega, previsiblemente durante este mes de julio, de los informes preliminares. Las empresas tienen un plazo de 60 días desde la recepción de los mismos para analizarlos y elevar sus objeciones.
Con posterioridad, Transportes trasladará los requisitos finales en los que se establecerán las inversiones que cada concesionaria tendrá que acometer para entregar las carreteras en óptimas condiciones. El foco estará en firmes, estructuras, drenajes y sistemas de contención, que tendrán que cumplir con los indicadores que impone la DGC. Asimismo, se especificarán las obligaciones relacionadas con la subrogación de los trabajadores de las concesionarias para seguir prestando los servicios de conservación.
Las concesionarias de las autovías aguardan con expectación los informes para evaluar los gastos de reversión. Las cifras, en todo caso, varían para cada contrato y, por ahora, no es posible realizar una estimación global. En algún caso, la horquilla que manejan sus dirigentes oscila entre los 10 y los 50 millones de euros en función de los requerimientos. Con costes de esta magnitud, los operadores optarían por quebrar y/o demandar al Gobierno. Despachos de referencia como Cuatrecasas ya trabajan en el asunto.
Transportes no ha revelado el nuevo modelo, aunque la opción preferida es la de licitar la conservación de las mismas dentro de diferentes lotes por zonas.
Las carreteras referidas son la A-1 Autovía del Arlanzón (Santo Tomé del Puerto y Burgos) y cuya concesión está en manos de Sacyr y el fondo Pantheon; la A-2 Autovía de Aragón, en el Tramo 1 (CVC-DIF, Aleatica y Typsa); la A-2, en el Tramo 2 (Acciona); la A-2, Autovía de Medinaceli-Calatayud (ACS), la A-2 Calatayud-Alfajarín (Ferrovial); la A3, entre Madrid/Guadalajara y la A-31 (FCC); la A-31 entre la A-3 y el límite provincial de Cuenca y Albacete (FCC); la A-4 entre Madrid y la R-2 (Roadis, Infraestructuras Conelsán y Egis Eyser); la A-4 entre Puerto Lápice y el límite provincial de Ciudad Real y Jaén (Aldesa, Alvac, Azvi, Sando y Airtificial); la A-31 entre el límite provincial de Cuenca y Albacete y Bonete (Cyopsa, Sarrión, Getinsa y Visever); y la A-31 entre Bonete y Alicante (Ortiz, Rubau, Tecopsa, Lantania y Aecom-Inocsa).
A la espera de que se concrete la reversión de las carreteras, Seopan ha remitido un informe a Puente para implantar la tarificación en las vías de alta capacidad con 3 céntimos para vehículos ligeros y 15 para pesados, con el fin de garantizar la conservación de las infraestructuras en un contexto en el que pensiones, educación, sanidad y, ahora también, defensa tienen necesidades presupuestarias crecientes. No en vano, el último informe de la Asociación Española de la Carretera (AEC), presentado la semana pasado, revela que el déficit de conservación en la red de carreteras de España se eleva ya hasta los 13.491 millones de euros.
