En esta sede judicial ha comenzado a las 10:00 horas el juicio por su contratación en la Diputación de Badajoz. Su llegada se ha producido en medio de una notable expectación mediática a las puertas de la Audiencia Provincial pacense. David Sánchez ha optado por entrar por la parte posterior del edificio, al igual que la mayoría de los once investigados en esta causa que también han asistido a la sesión inicial.
El procedimiento judicial por la contratación de Sánchez arranca este jueves con el trámite de cuestiones previas, aunque las acusaciones populares ya han adelantado que no tienen previsto formular ninguna.
En esta primera jornada, el abogado del hermano de Sánchez ha pedio anular el juicio quejándose de que ha sido procesado por dos exclusivas de El Debate. En concreto ha alegado que todo el procedimiento judicial se ha construido a partir de dos exclusivas publicadas por El Debate. El penalista ha sostenido que su cliente ha sido sometido a una «investigación prospectiva» y ha llegado incluso a afirmar que se le está juzgando por ser el hermano del jefe del Ejecutivo.
Durante su intervención ante el tribunal, Cortés cargó contra las pesquisas desarrolladas durante la instrucción y minimizó algunos de los hechos investigados. El abogado sostuvo que no acudir físicamente al puesto de trabajo «no es delito» y cuestionó la legalidad de la investigación dirigida por la magistrada Beatriz Biedma. También afirmó que la causa se habría construido sobre «meras sospechas» alimentadas por publicaciones periodísticas. Sin embargo, lo cierto es que durante la instrucción judicial tanto la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como la juez consideraron acreditados numerosos indicios de irregularidades en torno a la contratación pública del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz.
La otra información publicada por El Debate a la que hizo referencia la defensa del hermano del presidente estaba relacionada con la trama empresarial del caso Koldo y con las sociedades portuguesas utilizadas para ocultar patrimonio y dinero procedente de mordidas ilegales.
La investigación publicada por El Debate revelaba que cuatro sociedades vinculadas presuntamente a Aldama compartían domicilio social en el mismo enclave portugués donde residía el hermano del presidente del Gobierno. Según los investigadores de la Guardia Civil, aquellas empresas actuaban presuntamente como tapaderas destinadas a ocultar propiedades y patrimonio adquiridos con dinero procedente de comisiones ilegales. El informe policial incorporaba incluso referencias a vehículos de lujo, inmuebles millonarios y sociedades instrumentales conectadas con la trama.
La defensa de David Sánchez ha intentado este jueves desvincular completamente al músico de toda esa investigación y ha insistido en que el procedimiento judicial se ha contaminado por informaciones periodísticas y por el impacto mediático del caso. Aun así, el tribunal ha rechazado por el momento las peticiones de nulidad planteadas por las defensas y el juicio continuará durante los próximos días con las declaraciones de decenas de testigos y agentes de la Guardia Civil que participaron en la investigación.
Por su parte, la Fiscalía ha solicitando formalmente la exclusión definitiva del banquillo de los acusados de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la causa donde se investiga su polémico fichaje por la Diputación de Badajoz. Según la representante de la Fiscalía, se ha adherido explícitamente a la solicitud de sobreseimiento formulada por la defensa del hermano del líder socialista. La acusación pública defiende que el delito de aceptación de un nombramiento ilegal establecido en el artículo 406 del Código Penal «es un delito leve» que acarrea únicamente una pena de «multa de tres a ocho meses». En este sentido, la Fiscalía subraya el factor temporal como cortafuegos jurídico: dicha infracción penal «prescribe al año», por lo que el recorrido punitivo contra David Sánchez está completamente extinguido. «No se desprende ningún indicio de conexidad material ni de continuidad delictiva… Es un delito que no es vicario, por tanto puede ser enjuiciado de forma independiente», sostiene el Ministerio Público para exigir que se le libre del banquillo.
La estrategia del Ministerio Fiscal pasa por desgajar por completo la actuación de David Sánchez de los posibles desmanes cometidos por los altos cargos de la Diputación pacense en la confección de su puesto laboral. La Fiscalía argumenta que se debe deslindar la participación del hermano del presidente de los presuntos delitos de prevaricación administrativa por los que también se sigue la causa. Para la acusación, el acto de aceptar el cargo constituye un «delito instantáneo» y netamente diferenciado de la prevaricación de origen. El escrito defiende ante el tribunal que se trata de «supuestos diferentes» donde, si bien uno pudo ser consecuencia del otro, no existió en ningún momento «connivencia» ni pacto delictivo mutuo. Al no existir un carácter vicario en la conducta del imputado, la Fiscalía insiste en que puede ser apartado de forma independiente y reclama un auto de sobreseimiento libre.
De cualquier forma, hay que recordar que tras varios años de instrucción judicial, la Audiencia Provincial de Badajoz decidió abrir juicio oral al considerar que existían indicios suficientes para llevar el asunto a juicio. Las acusaciones populares solicitan penas de hasta tres años de prisión para algunos de los investigados. Este jueves se han desarrollado las cuestiones previas que se resolverá en la sesión del próximo lunes cuando se reanude la vista. Por su parte, las acusaciones populares han impugnado las solicitudes de nulidad de los letrados de los acusados. El abogado de Manos Limpias, Bueno, ha reprochado a los letrados de los acusados que hayan puesto en duda durante las cuestiones previas, desarrolladas este jueves en la Audiencia de Badajoz, la parcialidad de los magistrados. «La sala ha sido impoluta en este procedimiento, si rechazan un recurso no significa que sea parcial sino que quizás el recurso no está bien formulado», ha argumentado, aseverando que se deje ya de perseguir o acosar a los jueces.
Y es que, hay que recordar que en el marco de las investigaciones sobre las cloacas del PSOE, los autos judiciales revelan que Leire Díez lideró una estrategia coordinada para desestabilizar y destruir el procedimiento dirigido por la magistrada Beatriz Biedma, juez instructora del caso de David Sánchez. El plan consistía en socavar y atacar la correcta dirección de la investigación sobre la contratación del hermano del presidente en la Diputación de Badajoz. Para lograrlo, la trama intentó conseguir información comprometedora sobre la magistrada. Dentro de estas maniobras de «limpieza», uno de los movimientos más específicos atribuidos a la red de Leire Díez fue la utilización del exmarido de la propia juez instructora para intentar tumbar el caso. A través de él, se interpusieron denuncias contra varios jueces de Badajoz con el objetivo de generar un conflicto que forzara la anulación del procedimiento judicial. A pesar de estos intentos por desacreditar el trabajo de la magistrada y apartarla de la investigación, las maniobras resultaron infructuadas y la juez Biedma logró cerrar la instrucción, sentando finalmente a David Sánchez en el banquillo.
