La Fiscalía tiene cinco días de plazo para pronunciarse sobre la admisión de la querella que presentó Hazte Oír por la presunta comisión de delitos de acoso sexual y contra la integridad moral por parte del ex alto cargo de Moncloa Francisco Salazar, una denuncia que también se dirige contra quien fuera su mano derecha Antonio Hernández y el delegado del Gobierno en Madrid, y ex secretario general de Presidencia, Francisco Martín Aguirre, a quienes atribuye delitos de encubrimiento y de omisión del deber de perseguir delitos.
En una providencia del pasado viernes a magistrada María Belén Verdyguer, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid -en el que por turno recayó la denuncia- emplaza a la Fiscalía a informar «sobre la admisión o inadmisión de la misma» antes de que tome una decisión al respecto.
Hazte Oír señala también en su querella a una posible responsabilidad del PSOE como persona jurídica al afirmar que los supuestos casos de acoso «habrían tenido lugar durante años» obviando, según pone de relieve, los «protocolos internos contra el acoso sexual». Para la asociación denunciante, debe esclarecerse si ese protocolo de Ferraz «era efectivo o meramente formal», si se facilitaron a las supuestas víctimas «vías reales y seguras de denuncia» y si el PSOE «reaccionó con diligencia ante posibles advertencias o quejas».
La querella hace referencia a «un patrón continuado de conductas de contenido sexual dirigidas a mujeres subordinadas o dependientes organizativamente» que habría llevado a cabo Salazar «aprovechando una posición de poder político y administrativo tanto en el PSOE como en la Presidencia del Gobierno».
Para Hazte Oír resulta relevante que las denuncias «quedaron sin respuesta en el canal antiacoso del PSOE durante casi cinco meses», por lo que las medidas adoptadas por Ferraz fueron «a todas luces insuficientes». De hecho, ve indicios de que «desde el PSOE o desde el propio Gobierno se habrían producido actuaciones dirigidas a evitar un procedimiento penal contra Francisco Salazar».
Y ahí es donde señala directamente a Hernández y al ahora delegado del Gobierno, quienes -asegura- «habrían utilizado su cargo para obstaculizar cualquier investigación y para evitar que dichos delitos saliesen a la luz». Hernández, hasta el pasado día 8 (cuando fue cesado por tapar supuestamente esas denuncias) director del departamento de Coordinación Política de Moncloa, «no solo no denunció, ni persiguió ni evitó delitos de acoso sexual que conocía y que podía evitar, sino que además utilizó la posición propia de su cargo para tratar de evitar una investigación contra Francisco Salazar», mantiene Hazte Oír en su querella. De este modo, subraya, «habría ayudado» a Salazar a «eludir investigaciones y lo habría hecho obrando con abuso de sus funciones públicas, pues precisamente utilizó la posición propia de su cargo para presionar a las mujeres del partido a no denunciar».
Y en cuanto a Francisco Martín Aguirre (secretario general de Presidencia entre julio de 2021 y marzo de 2023), sostiene que como superior jerárquico de Salazar supo directa o indirectamente «de quejas, rumores persistentes u otras formas de aviso sobre el presunto comportamiento de Salazar».
Hazte Oír quiere que la Justicia investigue si otros altos cargos «con responsabilidad sobre el entorno de trabajo de Salazar» conocieron esos casos de supuesto acoso «y, pese a ello, no activaron ni los canales disciplinarios ni la comunicación a la Fiscalía o al juzgado», por lo que podrían haber cometido un delito de omisión del deber de promover la persecución de delitos.
