En este contexto, la Comisión Europea se ha dirigido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el marco de la cuestión prejudicial elevada por el Tribunal de Cuentas español sobre el encaje del borrado penal de la malversación con el Derecho comunitario. Y lo ha hecho para alegar que el texto aprobado por el Ejecutivo socialista no responde «a un objetivo de interés general».
Es decir, más bien «parece ser una autoamnistía» alcanzada en el marco de un acuerdo político suscrito entre el PSOE y los independentistas catalanes, para lograr la investidura del Gobierno de España, que como beneficiarios directos de la misma han sido, además, determinantes para su aprobación parlamentaria.
De hecho, los propios letrados de la Comisión han rechazado la maniobra alegando que «si hay respaldo para considerar que las autoamnistías en las que quien ostenta el poder político pretende blindarse garantizándose su inmunidad jurídica son contrarias al principio del Estado de Derecho, parece que el mismo criterio habría que aplicar cuando quien está en el Gobierno garantiza la impunidad de sus socios, a cambio del apoyo parlamentario».
