El Gobierno sostiene que no aprecia conductas delictivas en los casos que afectan a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, a la gerente del PSOE, Ana Fuentes, o a la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, todas ellas investigadas recientemente. La posición oficial es que no existen indicios suficientes para justificar ceses o renuncias y confían en que las causas no desemboquen en procesamiento.
No obstante, algunos miembros del Ejecutivo admiten en privado que las reuniones de González con Leire Díez fueron un error político y que debería haber informado de ellas antes de que trascendieran. Aun así, distinguen entre una actuación políticamente cuestionable y la existencia de un posible delito.
En este contexto, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, reiteró su apoyo a Mercedes González, de quien destacó su trayectoria y aseguró que mantiene la confianza del Gobierno. También defendió que la normativa de la Guardia Civil no obliga a suspender automáticamente a un cargo investigado.
López aprovechó además para cargar contra el PP, al que acusó de alimentar teorías conspirativas, cuestionar instituciones democráticas y acercarse a las posiciones de Vox bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo.
