Cuando los precios mundiales de la energía se disparan, los gobiernos se enfrentan a un dilema difícil: proteger a la población y a las empresas, ejerciendo presión sobre los ya reducidos presupuestos públicos, o permitir que los precios suban para todos y arriesgarse a una reacción social y política adversa. Entonces, ¿cómo pueden los responsables políticos encontrar el equilibrio perfecto?
Sin duda, no existe una respuesta única para todos, ya que el impacto de la guerra en Oriente Medio varía considerablemente entre países, reflejando la diversa dependencia energética, las estructuras de mercado, las políticas de protección social y el margen fiscal. Asimismo, algunos países se ven más afectados que otros por la gran incertidumbre sobre la duración de la crisis y su impacto en la inflación.
Las subidas sostenidas de los precios de la energía pueden reducir drásticamente el poder adquisitivo de los hogares, lo que perjudica sobre todo a las familias más pobres y supone una carga para las empresas. Si no se aborda, esto puede causar daños duraderos al empujar a más personas a la pobreza y obligar a las empresas a cerrar.
Muchos países ya están respondiendo, pero el reto consiste en hacerlo de forma eficiente y sin perjudicar aún más sus economías. Las medidas mal diseñadas pueden resultar costosas para el erario público y difíciles de revertir. Además, pueden alimentar la inflación, agravar las dificultades fiscales o incrementar aún más los precios mundiales de la energía.
Para ello, es importante tener presente un conjunto de principios comunes. La crisis energética es un ejemplo clásico de shock negativo de oferta: eleva los precios, frena la actividad económica y pone a los bancos centrales en una situación difícil. Las medidas fiscales tienen su función, pero deben ser temporales, específicas, oportunas y adaptadas a cada caso. En concreto, deberían:
• Dejemos que los precios nacionales de la energía reflejen los costes internacionales.
• Proteger a los hogares vulnerables con ayudas temporales y específicas.
• Apoyar a las pequeñas empresas viables con liquidez, no con controles de precios.
• Reserve las subvenciones generalizadas y los topes de precios para situaciones verdaderamente excepcionales.
Persistencia y precios
Una de las preguntas más importantes es cuánto durará la crisis. Si se mantiene dentro de los rangos históricos, incluso si es significativa, los gobiernos deberían permitir que los precios internos se ajusten a las condiciones del mercado internacional. La política fiscal debería basarse principalmente en estabilizadores automáticos, de modo que los ingresos se vean afectados por la disminución de la actividad, mientras que los gastos atiendan la creciente necesidad de asistencia social existente. Para las economías que dependen de la energía importada, el aumento de los precios de importación implica una caída del ingreso real (de hasta un 2% o 3% del producto interno bruto en un corto período bajo la crisis actual). Esta caída debe ser absorbida mediante una menor demanda interna.
Cuando las fluctuaciones de precios son inusualmente grandes o disruptivas, pero probablemente temporales, los gobiernos podrían justificar una política fiscal más activa, siempre y cuando puedan permitírselo. Incluso en ese caso, la mayor parte del aumento de precios debería trasladarse directamente a los consumidores, y cualquier intervención debería orientarse a suavizar el ajuste en lugar de impedirlo.
Las señales de precios desempeñan un papel fundamental en la asignación de recursos escasos, fomentando su uso eficiente y previniendo la escasez. Al mismo tiempo, el aumento de los precios de la energía puede tener consecuencias graves e inmediatas, que se perciben de manera diferente entre particulares y empresas. Por ello, los objetivos del apoyo fiscal y los instrumentos para implementarlo deben reflejar esta distinción.
Proteger a las personas
Las familias más pobres suelen gastar dos o tres veces más de sus ingresos en energía y alimentos que los hogares más ricos, mientras que tienen menos ahorros. Protegerlas es fundamental para preservar la cohesión social y evitar un aumento drástico de la pobreza.
Las transferencias monetarias dirigidas, idealmente realizadas a través de los sistemas de asistencia social existentes, suelen ser la mejor opción, ya que preservan las señales de precios y limitan los costos fiscales. Si la cobertura es insuficiente, los gobiernos pueden complementar temporalmente los pagos o ampliar la elegibilidad, incluyendo a los hogares de ingresos bajos y medios en riesgo de caer en la pobreza.
Ante crisis muy importantes pero temporales, se pueden adoptar medidas adicionales como reembolsos únicos o la distribución gradual de los aumentos de precios, lo que ayuda a los hogares a sobrellevar la situación sin congelar los precios por completo. Como último recurso, si la seguridad alimentaria está en riesgo y las redes de protección social no son suficientes, pueden ser apropiadas las reducciones temporales de impuestos o subsidios para alimentos básicos, siempre que se establezca un cronograma claro y creíble para su finalización.
Apoyando a las empresas
Para las empresas, el apoyo tiene un objetivo diferente: mantener en funcionamiento las empresas viables y evitar quiebras innecesarias. Debe abordar los problemas de liquidez a corto plazo, no los problemas de viabilidad más profundos, y centrarse en negocios sólidos o estratégicamente importantes, especialmente en sectores donde el aumento de costes eleva rápidamente los precios al consumidor.
El apoyo temporal a la liquidez —como préstamos con garantía estatal, líneas de crédito o aplazamientos a corto plazo de impuestos y cotizaciones a la seguridad social— debería ser la primera medida. Esto se debe a que estas herramientas son menos costosas desde el punto de vista fiscal y más fáciles de revertir. Es preferible evitar las subvenciones directas o las inyecciones de capital, dado su elevado coste fiscal y la dificultad política que supone su reversión.
Uso excepcional
Algunas medidas políticas son más generales y distorsionan más el mercado. Las reducciones de impuestos a la energía, los topes de precios o los subsidios generales atenúan las señales importantes que emiten los precios, suelen beneficiar más a los hogares de mayores ingresos y son difíciles de eliminar gradualmente. Además, pueden incrementar rápidamente los costos del presupuesto público y aumentar el riesgo de escasez, especialmente si los proveedores no reciben una compensación adecuada.
Las medidas generales para abordar el aumento de los precios pueden estar justificadas si se cumple simultáneamente un conjunto de condiciones específicas:
• Es evidente que el impacto en los precios es temporal.
• El aumento de los precios de la energía está contribuyendo rápidamente a una inflación más generalizada.
• Existe el riesgo de que las expectativas de inflación se descontrolen.
• El sobrecalentamiento económico es limitado.
• Las finanzas públicas tienen margen para absorber el coste.
Estas condiciones son difíciles de evaluar en tiempo real y, en cualquier caso, los controles de precios generalizados tienen importantes efectos indirectos. Por ello, idealmente debería evitarse el uso de medidas de precios generalizadas y, de utilizarse, deberían ser excepcionales, temporales, transparentes y estrictamente limitadas. Los gobiernos deben sopesar cuidadosamente las ventajas y desventajas. Por ejemplo, los topes de precios son más fáciles de eliminar gradualmente, pero pueden provocar escasez. Las reducciones de impuestos conllevan menos riesgos para el suministro, pero son más difíciles de detener y pueden causar pérdidas persistentes de ingresos. Por regla general, deberían evitarse las congelaciones totales de precios.
El margen fiscal varía considerablemente entre países y, en general, es más ajustado que en crisis anteriores debido al aumento de la deuda y los costos de endeudamiento. Esto refuerza la necesidad de respuestas graduales y cuidadosamente planificadas. En los países donde existe margen fiscal, los gobiernos pueden tener cierta capacidad para mitigar aumentos de precios severos pero temporales mediante medidas específicas, transparentes y transitorias.
Los países con margen fiscal limitado y redes de protección social débiles se encuentran en una situación más restrictiva. En situaciones extremas donde el aumento de precios amenaza el acceso a alimentos o energía, puede ser necesario el racionamiento para gestionar la demanda, pero esto conlleva costos económicos muy elevados. Esto subraya la importancia de evitar subsidios generalizados que agotan rápidamente los escasos recursos fiscales.
Compensaciones más pronunciadas
Incluso con marcos normativos mejorados, las disyuntivas entre políticas suelen ser más pronunciadas en las economías emergentes y en desarrollo. En comparación con las economías avanzadas, estas suelen tener redes de protección social más débiles, un mayor porcentaje del gasto de los consumidores en alimentos y energía, restricciones de liquidez más estrictas, expectativas de inflación más frágiles y un margen fiscal más reducido en un contexto de mayores costos de endeudamiento. La presión política también puede impulsar a los gobiernos a actuar con rapidez ante crisis extraordinarias.
Por el contrario, las economías avanzadas están menos limitadas. En consecuencia, deberían utilizar principalmente las transferencias dirigidas y los estabilizadores automáticos existentes, recurriendo a medidas discrecionales y basadas en precios solo en casos excepcionales.
Esta asimetría tiene repercusiones a nivel mundial. Cuando los países más grandes o ricos suprimen las señales de precios internas, la demanda mundial aumenta, los precios internacionales suben y la escasez se agrava, perjudicando sobre todo a los países importadores más pobres.
Secuencia de políticas
La cuestión clave no es si actuar, sino cómo actuar eficazmente: evaluar la persistencia de la crisis, adecuar las herramientas y los objetivos, distinguir entre el apoyo de los hogares y el de las empresas, y adaptar las respuestas a las circunstancias.
Un enfoque disciplinado y bien planificado, que comience con medidas específicas y temporales y que se intensifique si es necesario, puede ayudar a las economías a adaptarse a las perturbaciones de los precios de la energía y los alimentos sin cometer costosos errores políticos, tanto a nivel nacional como mundial.
