En este escenario, los portavoces de las grandes patronales del sector no han dejado pasar la oportunidad de entrar a valorar el último ‘balón de oxígeno’ lanzado por el Gobierno, el fondo soberano España Crece, para paliar el profundo déficit de vivienda. «El fondo contempla la financiación para la construcción de 15.000 viviendas anuales, lo que implicaría que, al ritmo previsto, serían necesarios 47 años para cerrar la brecha (entre el número de hogares creados y viviendas construidas)» ha cuestionado Fernández Alén, presidente de la patronal CNC, acogiéndose a los últimos datos del Banco de España, que cifra en 700.000 nuevos hogares el déficit actual.
«Si queremos empezar a plantear soluciones efectivas y aumentar decididamente la oferta, entre otras medidas, es urgente acelerar la inversión en tecnología e innovación» ha añadido, avanzando un reclamo que se llevará gran parte de los focos del congreso que se celebrará entre el 1 y el 5 de junio en el Palacio de la Magdalena (Santander). También se abordará en ese acto otro de los grandes déficits que observan las constructoras, el que atañe a la inversión en mantenimiento. «Las nuevas exigencias medioambientales está deteriorando de manera peligrosa nuestras infraestructuras, muchas de ellas diseñadas con criterios desfasados, lo que se traduce en incidencias y daños acumulados en carreteras, redes ferroviarias, obras hidráulicas y otro tipo de construcciones estratégicas» ha alertado.
La preocupación es palpable en un sector que se ve tensionado por un incesante alza de costes, agravado en las últimas semanas ante la nueva escalada de las materias primas como consecuencia del conflicto en Oriente Próximo. «Vemos urgente revisar los precios de los contratos energéticos para evitar un freno en la construcción» ha reclamado antes de escenificar cómo los costes de muchos materiales de construcción se han disparado más de un 45% en el último lustro.
«La previsible escalada del precio de algunas materias primas y materiales de construcción podría incrementar los costes de producción para las empresas (…) y cuando no se ajustan los contratos públicos a los precios del mercado pueden producirse retrasos, abandonos de obras y ralentizaciones, lo que resulta especialmente preocupante en un momento como el actual, teniendo en cuenta la posible nueva espiral inflacionista por el shock energético», ha lamentado.
En el mismo tono se ha pronunciado Julián Núñez, presidente de Seopan, al asegurar que «en España tenemos una regulación de la contratación pública del siglo pasado que es urgente modernizar y adaptar para poder incorporar la innovación en la obra pública preexistente y futura». Para Núñez, es clave que esta adaptación de la regulación a la innovación vaya de la mano de procesos de colaboración público-privada.
Desde otro ángulo, la infraestructura española no quiere perder el tren de inversiones en defensa que están acelerando el incremento de tensiones geopolíticas. Si la semana pasada era Cellnex quien reclama el hueco de las telecomunicaciones en este auge inversor, ahora son las constructoras las que coinciden en «fortalecer las infraestructuras críticas que garanticen la seguridad nacional y la capacidad de respuesta ante cualquier amenaza» como ha defendido Fernández Alén.
