En el primer trimestre de 2026, estas adjudicaciones sumaron 2.398,6 millones de euros, casi cinco veces más que los 486,7 millones registrados en el mismo periodo del año anterior.
El repunte se produce tras un ejercicio 2025 en el que esta fórmula superó los 21.000 millones, con una clara aceleración en los últimos meses. Este tipo de procedimiento, reservado a situaciones excepcionales como urgencias o falta de competencia, permite asignar contratos de forma directa a determinadas empresas, sin necesidad de un concurso abierto.
Su uso creciente plantea interrogantes sobre su impacto en la competencia y en la eficiencia del gasto público, al reducir la presión sobre precios y limitar la concurrencia de empresas.
Parte de este aumento se explica por la dinámica de cierre presupuestario, cuando la Administración intensifica el ritmo de adjudicaciones para ejecutar el gasto disponible recurriendo a vías más ágiles.
Al mismo tiempo, la contratación pública en su conjunto mantiene una tendencia al alza: en los primeros meses de 2026 se licitaron más de 32.800 millones de euros, con un crecimiento significativo respecto al año anterior. Sin embargo, el ritmo de adjudicación no acompaña en la misma medida, lo que refleja un cierto desfase entre los procesos iniciados y su resolución final.
Este contexto está elevando el peso de los contratos directos dentro del sistema, introduciendo tensiones en la planificación y reforzando la dependencia de procedimientos más rápidos frente a los mecanismos competitivos tradicionales.
