Llama la atención la afirmación de la defensa letrada de Argüeso habida cuenta de que el 112 y el Cecopi están en el mismo edificio, el Centro de Emergencia de L’Eliana (Valencia), y la sala en la que se reciben las llamadas y aquella donde se reúne el Cecopi están próximas.
Su abogado Bueno se opone a que el total de 19.821 llamadas que atendió el teléfono del 112 aquel 29 de octubre se adhieran al sumario del procedimiento porque considera que su filtración en los medios de comunicación dado el carácter mediático de la causa, «van a generar autentica alarma social». Al hilo, explica que su publicación en los medios también provocaría un daño importante a los familiares de los fallecidos, muchos de los cuáles están personados en este procedimiento que se sigue por delitos de homicidio imprudente y lesiones.
Por todo ello, la defensa del exsecretario autonómico ha interpuesto recurso de reforma al considerar que las medidas de investigación acordadas por la jueza son «impertinentes e inútiles».
Cabe recordar que la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, Ruiz, desestimó incorporar todos los audios de auxilio que canalizó el 112 aquella jornada al considerar que no queda justificaba la injerencia en el secreto de las comunicaciones. De esta forma, respondió al sindicato FETAP-CGT, personado como acusación popular, que no podía adherir de manera indiscriminada puesto que no guarda relación directa con el delito que se investiga en este procedimiento penal. No obstante, abre la puerta a adherir estas fuentes de prueba siempre y cuando se cuente con el consentimiento de cada una de las personas que aparecen en las llamadas o, en caso de que hubieran fallecido, de sus familiares.
De hecho, la jueza ya ha solicitado las llamadas de una persona perjudicada de la que ya ha obtenido el permiso y ha pedido así mismo que se recabe la autorización de la familia de otra de las perjudicadas.
