Pero lo que no había sucedido nunca es que sufriésemos con tanta proximidad catástrofe, tras catástrofe y es que a una “dana” asesina, le suceden unos incendios pavorosos y a estos un accidente descomunal en el que los maravillosos trenes, bandera de nuestro progreso y modernidad dejan un rastro de muertes inadmisibles y de los que alguien tendrá que responder.
El accidente del AVE en Córdoba, como no podía ser de otra manera, ha sacudido a la opinión pública, pero también ha puesto de manifiesto, una vez más, las graves carencias en la gestión de nuestras infraestructuras ferroviarias. Este suceso, lejos de ser un incidente aislado, revela un preocupante patrón de negligencia y falta de previsión en un sector estratégico para España.
Entre las posibles causas del siniestro destacan la insuficiencia de mantenimiento, el deterioro progresivo de las infraestructuras, el exceso de operadores que compiten por recursos limitados y, sobre todo, la ausencia de medidas preventivas eficaces. La acumulación de advertencias técnicas ignoradas y la falta de inversión en renovación y seguridad han creado un caldo de cultivo para tragedias como la vivida en Córdoba.
La reacción del Gobierno ante este y otros sucesos alarmantes resulta, cuanto menos, desconcertante. En lugar de asumir responsabilidades y abordar las críticas con seriedad, la respuesta oficial suele consistir en minimizar el alcance de los problemas y presumir de logros que la ciudadanía no percibe en su día a día. Esta actitud autocomplaciente, que prioriza la imagen pública sobre la resolución de los verdaderos desafíos, agrava aún más la desconfianza social.
El deterioro visible de infraestructuras estratégicas, desde estaciones hasta vías y sistemas de señalización, es una realidad que los usuarios sufren a diario. Las consecuencias de esta dejadez no solo se traducen en accidentes, sino también en retrasos, incomodidades y una pérdida de competitividad para el país. Ignorar estas señales de alarma es una irresponsabilidad que puede costar vidas.
No se puede obviar, además, la implicación del Ministerio de Transportes y de Adif en casos recientes de corrupción y adjudicaciones sospechosas. Las investigaciones sobre contratos opacos y favores a empresas afines han socavado la credibilidad de las instituciones responsables, alimentando la percepción de que los intereses privados prevalecen sobre el bien común.
Resulta especialmente llamativo comparar la actitud de los responsables actuales con la vehemencia que mostraron ante dramas similares en el pasado. Entonces, no faltaron las promesas de reformas y transparencia, que hoy parecen haber caído en el olvido. La falta de memoria institucional y de voluntad para aprender de los errores condena al sistema a repetir sus fallos.
En definitiva, el accidente del AVE en Córdoba debe servir como un punto de inflexión. Es hora de exigir responsabilidad, transparencia y una gestión verdaderamente orientada al interés público. La seguridad y el bienestar de los ciudadanos no pueden seguir siendo moneda de cambio en la agenda política.
