Tras analizar los portales de transparencia de 153 entidades, el organismo detecta importantes diferencias entre organismos autónomos, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles, fundaciones públicas y mutuas. La evaluación verifica si publican información obligatoria como normativa, presupuestos, contratos, responsables, trayectoria profesional y retribuciones.
El Consejo también examinó la aplicación de las 2.916 recomendaciones formuladas en 2025. Solo se han implementado 830, equivalentes al 28,4% del total. Entre las principales deficiencias destacan la falta de información obligatoria y la ausencia de referencias sobre la fecha de actualización de los datos.
Los mejores resultados corresponden a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y a las mutuas colaboradoras, con un cumplimiento medio del 82,5%. Aunque el resto de entidades ha mejorado, los avances siguen siendo insuficientes. El Consejo considera positiva la evolución, pero recuerda que aún existe un elevado número de organismos que incumplen una normativa vigente desde hace más de una década.
Solo dos entidades alcanzan el 100% de cumplimiento: el Boletín Oficial del Estado (BOE) y Palencia Alta Velocidad. Les siguen MAZ, Mutualia, Murcia Alta Velocidad y Zaragoza Alta Velocidad 2002, con un 99%. También superan el 90% SASEMAR, el Centro Universitario de la Defensa de Marín y la Confederación Hidrográfica del Júcar.
En niveles intermedios se sitúan organismos como ADIF-Alta Velocidad, AESAN, SEPIE y CIEMAT. Entre el 30% y el 40% aparecen, entre otros, el CNIO y varias autoridades portuarias. En la parte baja de la clasificación destacan el Instituto Social de la Marina (16,3%), la Tesorería General de la Seguridad Social (11,8%), la Real Fábrica de Tapices (7,8%) y la Obra Pía de los Santos Lugares (4,1%). El último puesto corresponde al Consorcio del Museo Militar de Menorca, con un incumplimiento del 97%.
El Consejo insta a todas las entidades que aún no cumplen plenamente la ley a publicar información completa, actualizada, accesible y en formatos reutilizables, recordando que estas obligaciones son vinculantes desde 2014.
