En consecuencia, el denominado «Día de la Liberación Fiscal», que el pasado año cayó el 30 de julio, se retrasa nada menos que al 18 de agosto, cuando por fin lo que gane cada ciudadano termine en su bolsillo.
Pero la carga no es equitativa porque algunos ciudadanos tienen que satisfacer tributos autonómicos adicionales que son en algunas regiones particularmente desproporcionados. Así, los catalanes dedican 11 días más al pago de impuestos que los madrileños.
El análisis del «think tank» remarca que la carga fiscal soportada por el contribuyente no se limita al calendario, sino que también se expresa en términos de presión efectiva sobre su renta disponible.
Al respecto, en 2025 se estima que el ciudadano medio pierde más de la mitad de sus ingresos (un 54,5%) en impuestos. Esta cifra representa un aumento acumulado de más de cinco puntos porcentuales desde el año 2019, reflejando un modelo impositivo que grava con especial intensidad las rentas del trabajo y el consumo, en detrimento de otros tipos de ingresos.
El estudio señala como uno de los factores clave que explican este alza desmedida de la carga fiscal la ausencia de deflactación de los tramos del IRPF, a la que se ha negado en todo momento el Gobierno de Pedro Sánchez, lo que ha provocado un «incremento silencioso de la carga tributaria».
«A pesar de no haberse introducido reformas explícitas en el impuesto sobre la renta, la recaudación por IRPF ha crecido notablemente, debido a que la inflación y el aumento nominal de los salarios han empujado a millones de contribuyentes a tramos impositivos superiores, sin una mejora real de su poder adquisitivo. Este mecanismo -conocido como progresividad fría- constituye una forma de inflación fiscal encubierta que distorsiona el principio de transparencia y afecta la capacidad de planificación financiera de los ciudadanos», recuerda el informe.
En este sentido, la Fundación Civismo indica que entre 2020 y 2024 la recaudación por IRPF ha pasado de 86.221 millones a 129.408 millones de euros, lo que representa un aumento de más del 50% en solo cuatro ejercicios fiscales.
«Este crecimiento no responde a una reforma estructural ni a una mejora sustancial de la economía de los hogares, sino a un fenómeno de inercia recaudatoria alimentado por la inflación acumulada y la falta de adecuación del impuesto al contexto económico real. Este uso del IRPF como herramienta de recaudación silenciosa pone en tela de juicio los principios de neutralidad, equidad y previsibilidad que deberían regir el diseño tributario». Así, mientras los ingresos del Estado alcanzaron más de 294.000 millones de euros en 2024, lo que supone un incremento del 8,4% respecto a 2023, los ciudadanos cada vez disponen de menos renta «real» disponible.
Pero, además del IRPF y el IVA, el ciudadano medio dedica otros 4.850 euros al año a impuestos como el IBI, el impuesto de circulación, transmisiones patrimoniales, sucesiones y diversas tasas municipales. Estos tributos suponen más de 80 días laborales adicionales. «Aunque menos visibles en el debate público, son omnipresentes en la vida cotidiana del contribuyente, sumando carga fiscal sin la correspondiente visibilidad o justificación política».
Por regiones, mientras que en el País Vasco se alcanza el Día de la Liberación Fiscal el 12 de agosto, en Cataluña y Extremadura no se logra hasta el 24 de agosto. Esta diferencia responde principalmente al diseño del IRPF autonómico y a la existencia de tributos propios regionales, como en el caso de Cataluña, que cuenta con más de 15 impuestos adicionales que agravan la carga impositiva local.
El coste del Estado se come el 47% del salario bruto. Un análisis de la cuña fiscal muestra que, de un salario bruto de 31.698 euros, solo 21.979 euros llegan efectivamente al bolsillo del trabajador, siendo 41.388 euros el coste para la empresa.
El resto se reparte entre cotizaciones sociales -tanto del empleado como del empleador- e IRPF.
