El acuerdo marco es para un periodo de 25 meses y tiene un valor total de 460 millones de euros, con posibilidad de doble prórroga de 12 meses cada una, lo que haría un valor total de 883 millones de euros.
A la licitación tan solo presentaron ofertas Iberdrola Clientes y Endesa Energía, las comercializadoras de las dos grandes eléctricas del país. La primera obtuvo una puntuación de 99,38 sobre 100, mientras que la segunda se quedó en un 73,3. El último contrato se resolvió el 24 de septiembre de 2019 a favor de Endesa para dos años, aunque con las prórrogas estará vigente hasta el 30 de octubre de este año. Este incorporó el requisito de que el 100% de la energía eléctrica suministrada a los puntos de consumo de Redeja fuese de origen renovable. Según la memoria justificativa del contrato, consultada por La Información, Redeja tiene más de 5.000 puntos de consumo adheridos, con una demanda aproximada de 1.000 gigavatios hora (GWh) al año. El contrato engloba a la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias administrativas y agencias de régimen especial. El acuerdo se centralizó con el fin de conseguir una mayor simplificación administrativa y, por tanto, de costes. En lugar de ser necesaria la formalización de más de 1.600 contratos, se han suscrito 65 contratos basados.
La Junta de Andalucía considera también que esta modalidad de contratación consigue una mayor estabilización de presupuestos ante la volatilidad de mercados y produce ahorros significativos en la facturación global de los suministros de los centros de consumo. Además, gracias a un «conocimiento detallado de los parámetros técnicos de los contratos eléctricos de edificios e instalaciones, de sus condiciones de uso y de sus curvas de demanda», desde Redeja se ha podido realizar un ajuste de la potencia eléctrica contratada para los distintos suministros a las necesidades reales de consumo de los centros y edificios del gobierno andaluz.
Por otro lado, la Junta también subraya que con este sistema se garantiza la correcta aplicación de los precios individuales a aplicar a todos los suministros, con la consecuente menor carga de trabajo para los órganos gestores de las facturas. De este modo, cada consejería o entidad se encarga de pagar su propio recibo. «Este modelo de pago distribuido facilita que la facturación se pueda realizar por cada punto de suministro, evitando los problemas que ha generado la factura agrupada en el pago del suministro eléctrico», destaca. Una vez fijado el precio de la energía eléctrica en la adjudicación o en su correspondiente actualización, la variación de los términos de la factura eléctrica solo se lleva a cabo en los componentes regulados que la integran. Según la memoria justifica, «estas variaciones son mínimas durante el año». El precio a pagar por el suministro eléctrico se compondrá de la suma de los términos ofertados (FEE, garantía de origen y descuentos por compensación simplificada en su caso) añadidos a la referencia base, tanto de energía como de potencia. Para determinar el precio máximo de la licitación se ha tomado un precio medio de 112,36 euros/MWh, entre otros valores.
