La imputación se conoce en un día en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha desplegado en la sede central del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, en el marco de la investigación por financiación ilegal a las cloacas socialistas lideradas por Leire Díez. La mencionada operación está ordenada por la Audiencia Nacional y respaldada por la Fiscalía Anticorrupción.
Los agentes se han personado con el requerimiento del juez Santiago Pedraz en los despachos y oficinas de Ferraz y en los domicilios del ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán en Milagro (Navarra) y de la consultora Zaño, del histórico dirigente andaluz Gaspar Zarrías. Asimismo, Pedraz ha acordado imputar al propio Cerdán, a Zarrías y a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, en la causa que investiga a Leire Díez.
El instructor del caso ha ordenado la imputación y los registros en pos de indagar en la trama que, presuntamente, buscaba información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad. El requerimiento de documentación lo ha ordenado el juez Pedraz por una pieza separada que instruye y que afecta tanto a Leire Díez como al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández.
Pedraz ha ordenado que los agentes se personen igualmente en los domicilios de Cerdán y de Zarrías. Las diligencias también afectan al empresario Javier Pérez Dolset, cercano a Leire, al que también declara investigado.
Las diligencias se han llevado a cabo de madrugada y de forma simultánea en varios puntos de España. Los agentes de la Guardia Civil buscan documentos, archivos y materiales relacionados con una caja B del PSOE, así como pruebas vinculadas al también denominado caso SEPI, que se instruye bajo secreto de sumario desde sus inicios.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acudido a la Dirección General del Instituto Armado para interrogar como perjudicados a los agentes perseguidos por investigar las cloacas socialistas. Se trata de antiguos miembros de la UCO que en su día fueron expedientados por la unidad de Régimen Disciplinario por investigar la corrupción en el PSOE.
Los investigadores de la UCO, con el teniente coronel Antonio Balas a la cabeza, han llegado a la sede de la Guardia Civil con un requerimiento para llevarse todos los expedientes que se abrieron a guardias de la unidad y provocaron su salida de la unidad que investiga la corrupción en el PSOE.
Los agentes de la UCO fueron expedientados en su día acusados de filtrar información a la prensa de las investigaciones sobre las corruptelas socialistas.
