Los representantes legales de ambas partes estaban citados este martes en un juzgado de Madrid para celebrar el preceptivo acto de conciliación previo a la presentación de una querella por injurias y calumnias. Sin embargo, el encuentro concluyó sin acuerdo, ya que Díaz rechazó rectificar sus palabras al considerar que no vulneraron ni el honor ni la presunción de inocencia del cantante, según ha confirmado. Tras el fracaso de la conciliación, el entorno jurídico de Iglesias prepara ya la interposición de una querella ante el Tribunal Supremo, órgano competente debido a la condición de aforada de la ministra de Trabajo.
El conflicto judicial tiene su origen en las manifestaciones públicas realizadas por Díaz el pasado enero, después de que trascendiera una denuncia contra el artista presentada por dos exempleadas. En un mensaje difundido en la red social Bluesky y posteriormente en una entrevista en RTVE, la vicepresidenta aludió a supuestos abusos sexuales y a condiciones de «esclavitud» en el entorno laboral del cantante.
«Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente», escribió entonces la dirigente de Sumar.
El abogado del artista: Choclán, sostiene que esas declaraciones trasladaron a la opinión pública «claros prejuicios de culpabilidad» sobre Iglesias, atribuyéndole conductas delictivas antes de que existiera resolución judicial alguna. Así, en su escrito al tribunal de instancia de Madrid, el cantante solicitó un acto de conciliación en el que la ministra reconociera el daño, rectificara sus manifestaciones y le indemnizara con el importe en el que se fijen «los daños causados en función de la difusión alcanzada» por su comportamiento.
La denuncia contra el cantante incluía acusaciones por presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de trabajo forzado, servidumbre, agresión sexual, lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores, pero fue finalmente archivada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Tras ese archivo, la defensa de Iglesias solicitó acceso a la denuncia con el objetivo de emprender acciones legales contra las denunciantes, aunque la Fiscalía se opuso. Ante esa negativa, el cantante acudió a la jurisdicción contencioso-administrativa para resolver el conflicto.
