La decisión del solicitor (procurador) general americano despeja el camino a la justicia americana para una decisión contra España que probablemente podría tener lugar antes de que acabe el mes de junio, despejando así la puerta a los acreedores a solicitar embargos de bienes españoles en territorio estadounidense anteriores la reiterada negativa del Gobierno a cumplir con las indemnizaciones impuestas por la justicia.
El timming, según los demandantes, abre la puerta además a solicitar dichos embargos sobre activos y servicios relacionados con la participación de la selección española en el próximo Mundial de Fútbol. Los inversores afectados reclaman en los tribunales americanos cuantías cercanas a los 700 millones de euros.
Por ahora, España ha sufrido siete derrotas en los tribunales americanos, con obligaciones de pago reconocidas de 688 millones de euros. Entre las actuaciones judiciales desplegadas por los demandantes, figuran ordenes dirigidas a rastrear activos, pagos, transferencias y operaciones financieras de España y de sus organismos públicos, empresas estatales y entidades vinculadas en territorio americano, las conocidas como órdenes discovery.
Los requerimientos han alcanzado también a la Reserva Federal y a The Clearing House Payments, encargada de la infraestructura sistema de pago en dólares lo que, siempre según los demandantes, les podría abrir la puerta a toda la información de pagos de España en EE.UU. y en terceros países, facilitando así la búsqueda y localización de activos embargables.
En concreto, siete empresas han obtenido resoluciones favorables en EEUU.: 9REN, por 44 millones de euros; Cube, por 40,2; Watkins, por 79,5 millones; Infraestructure Services / Antin, por 125,1; RREEF, por 74; InfraRed, por 35; y NextEra, por 290,6. El importe conjunto alcanza los 688,4 millones, que se ve incrementado con los intereses de demora.
También hay procesos judiciales abiertos en Reino Unido, Singapur, Países Bajos, Bélgica y Australia, con sentencias condenatorias conjuntas contra España que alcanzan los 1.754,7 millones de euros, a los que hay que sumar otros 538,3 en sobrecostes judiciales y financieros.
