En Bélgica, la justicia ha confirmado a los acreedores de Eurus Energy -filial del grupo japonés Toyota- el embargo de 207,3 millones de euros tras autorizarse la intervención de los pagos mensuales que Eurocontrol transfiere a Enaire, la entidad pública encargada de la navegación aérea en España. De ese total, 197,3 millones corresponden directamente a Enaire y los 10 millones restantes a otras obligaciones accesorias. El embargo fue solicitado en julio como garantía de cobro de la indemnización dictada por un tribunal internacional bajo el amparo del CIADI y del Tratado de la Carta de la Energía.
El laudo condenó a España a pagar a Eurus 106,2 millones de euros, más los intereses de demora, que ya superan los 7 millones, por los daños ocasionados tras la retirada retroactiva de los incentivos a proyectos eólicos y solares en Galicia y Asturias. Pese a que los intentos de anulación presentados por el Estado español fueron desestimados, la condena sigue sin abonarse. La ofensiva judicial de los acreedores no se limita a Bélgica. El pasado 29 de agosto, el Tribunal Federal de Australia dictó una sentencia inédita que ordena la ejecución de cuatro laudos por valor de 469 millones de euros contra España, rechazando los argumentos de inmunidad soberana e imponiendo además costas procesales al Estado y a la Comisión Europea. Los beneficiarios de esta resolución son fondos como RREEF, 9REN, Watkins y NextEra.
En paralelo, en Estados Unidos el Tribunal de Distrito de Columbia (Washington D.C.) ha encadenado cinco fallos consecutivos contra España en los casos Cube, Watkins, Antin, RREEF e Infrared. En conjunto, las resoluciones respaldan la ejecución de laudos por unos 355 millones de euros. España acumula actualmente 26 laudos arbitrales firmes pendientes de pago por 1.492 millones.
