El concurso de acreedores es un procedimiento judicial previsto para gestionar y administrar el patrimonio de una empresa que no puede hacer frente a sus deudas. Con él se pretende que el mayor número posible de acreedores cobren sus créditos, así como asegurar la continuidad de la empresa. La concursalidad empresarial tiene efectos perturbadores sobre el tejido productivo. Cuando una empresa entra en concurso, desencadena una serie de consecuencias como la pérdida de empleos, la interrupción de cadenas de suministro y la disminución de la confianza de los inversores. Además, como proveedores o clientes de otras compañías, las empresas afectadas pueden llegar a generar un efecto dominó sobre el riesgo de crédito, la liquidez y la solvencia empresarial.
Por sectores, en el conjunto de 2025 predominan las insolvencias en el comercio (24% del total) y en los sectores de construcción e inmobiliario (18%), seguidos de industria manufacturera (15%), servicios a empresa (11%) y hostelería (11%). Los mayores incrementos se registran en los subsectores de industria extractiva (100%), industria manufacturera textil (82%), sanidad (64%), materiales de construcción (54%) y alojamiento (43%). La concursalidad registra las mayores mejorías en los subsectores de consumo duradero (-32%), industria de electrónica y TIC (-22%) y educación (-20%).
La concursalidad empresarial se concentra en Cataluña (26% del total), Madrid (22%), la Comunidad Valenciana (13%) y Andalucía (10%). Los mayores crecimientos en el conjunto de 2025 se han registrado en Extremadura (67%), Baleares (61%), Ceuta (33%) y La Rioja (21%). La concursalidad registra las mayores mejorías en Cantabria (-44%), Castilla y León (-33%) y Aragón (-20%).
Por tamaño, el incremento de la concursalidad ha crecido un 113% entre la pequeña empresa. Por antigüedad, las tasas más elevadas de crecimiento se sitúan entre las empresas de 6 a 10 años (13%) y las empresas de más de 25 años (11%).
