El estudio llega ocho meses después del anuncio del Gobierno de poner estos terrenos a disposición preferente de jóvenes agricultores, mujeres y nuevos profesionales.
Tras examinar 16.485 inmuebles clasificados como rústicos, de los que 15.510 figuran como Patrimonio del Estado, Cocampo concluye que la mayoría presenta dimensiones muy reducidas. La superficie mediana es de apenas 0,42 hectáreas, el 76,4% de las parcelas tiene menos de una hectárea y solo 40 superan las 30 hectáreas.
A esta limitación se suma la falta de información homogénea sobre aspectos clave para su explotación, como la calidad agronómica de los terrenos, la disponibilidad de agua, el regadío o su uso productivo real.
El informe también recuerda que gran parte de estas propiedades comparte características con el patrimonio rústico que el Estado lleva años intentando vender. A partir de datos del BOE, Cocampo ha identificado más de 11.500 referencias catastrales ofertadas en la última década, muchas de ellas de pequeño tamaño y con precios reducidos. Casi un tercio aparecieron en más de una convocatoria, lo que refleja las dificultades para darles salida.
La compañía considera positiva la puesta a disposición de suelo público para nuevos agricultores, pero advierte de que el principal desafío no es crear nuevas plataformas de información, sino identificar adecuadamente los activos, regularizar su situación jurídica y determinar cuáles pueden explotarse de forma rentable.
Por ello, concluye que estas fincas pueden contribuir al relevo generacional, aunque difícilmente constituirán por sí solas una solución estructural al problema del acceso a la tierra. Entre las medidas necesarias, el estudio propone mejorar la coordinación entre Registro y Catastro, actualizar titularidades y favorecer la agrupación de pequeñas parcelas para crear explotaciones económicamente viables.
