La mayoría de PSOE y Sumar en la Comisión de Educación ha dado luz verde a la tramitación de una enmienda que busca incorporar a la Ley de Memoria Democrática criterios recogidos en una instrucción administrativa actualmente suspendida cautelarmente por el Tribunal Supremo.
Según el informe de los letrados de la Cámara, la enmienda carece de conexión material con la ley educativa en la que se ha incluido, por lo que podría vulnerar la doctrina del Tribunal Constitucional sobre las denominadas «enmiendas intrusas». Pese a ello, la Mesa de la Comisión ha decidido continuar con su tramitación.
La modificación pretende elevar a rango legal la presunción de exilio para los españoles que abandonaron el país entre 1936 y 1955 y ampliar las posibilidades de acceso a la nacionalidad para sus descendientes. La medida afectaría también a hijos de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad al casarse con extranjeros antes de la Constitución de 1978 y a descendientes de beneficiarios de las leyes de Memoria Histórica y Memoria Democrática.
Los promotores de la iniciativa buscan blindar legalmente una interpretación de la norma que fue paralizada por el Supremo tras varios recursos. Sus críticos sostienen que el cambio amplía el alcance original de la ley y cuestionan tanto su contenido como el procedimiento utilizado para incorporarlo.
La próxima fase de la tramitación tendrá lugar en octubre, cuando la Comisión de Educación analice y vote las enmiendas presentadas al proyecto legislativo.
