La entidad sigue así los pasos de las patronales AEB y CECA, que en junio interpusieron sendos recursos contenciosos-administrativos ante la Audiencia Nacional en su contra. Las patronales tuvieron que esperar a la Orden Ministerial que aprobaba el modelo de autoliquidación y pago para iniciar acciones legales, al no estar gravadas directamente.
El sector, en su conjunto, ya planteó la batalla judicial en la primera formulación del gravamen que cargaba una tasa del 4,8% sobre los ingresos devengados por el negocio en España vía margen de intereses y comisiones, siempre que dichas facturaciones hubiesen sido superiores a los 800 millones de euros en 2019, antes del impacto del Covid.
El Gobierno lo planeó en origen como un tributo extraordinario para recaudar 3.000 millones con cargo a los ingresos de dos ejercicios -2022 y 2023-, excusando una mayor contribución por parte del sector a cargo de los resultados logrados con la subida de los tipos de interés. Sin embargo, posteriormente lo prorroga otro año adicional y lo reformula, con su extensión a toda la banca y con un tipo progresivo en función de que los ingresos vayan hasta 750 millones (aplicaría el recargo del 1%) o superen los 5.000 millones (7%), con tramos y tasas intermedias.
La industria en bloque denunció el impacto lesivo en el crédito del tributo y Banco Santander, que ya recurrió el tributo en la primera formulación, estimó en 50.000 millones de euros la merma en disposición de financiación. El sector ha denunciado el perjuicio competitivo para la banca española, al ser la única gravada en Europa por un impuesto de estas características.
En su rechazo, la banca ha puesto en evidencia la contracción de mantener un gravamen que se justificó en los resultados «extraordinarios» cosechados con la subida de tipos justo cuando el Banco Central Europeo (BCE) ha iniciado el camino inverso. Desde junio de 2024 ha recortado el precio del dinero desde el 4,5% al 2%.
El BCE avisó a finales de 2024 sobre el tributo, alertando de que «limitaba» la capacidad de las entidades de financiar la economía y podía entrañar «consecuencias imprevistas para la solvencia y la competitividad de las entidades de crédito». El Fondo Monetario Internacional (FMI) pidió al Gobierno «discontinuar» el tributo.
Su impacto será superior este año, aunque las entidades lo pueden prorratear. Santander pagó 87 millones en el primer trimestre y ascenderá a 348 millones en el año, frente a los 338,5 millones del pasado ejercicio.
