Esta medida se incluirá en el plan anual normativo para 2026 que el Ejecutivo socialista ha dado a conocer este martes. Esto es, un documento en el que se incluyen las normas que el Gobierno prevé aprobar a lo largo del ejercicio. El titular de Justicia ha comunicado que habrá 169 propuestas normativas de las cuales «10 son leyes orgánicas, 38 leyes ordinarias y 131 reales decretos». Es decir, las más numerosas, las que aprueba el Ejecutivo.
Entre esas normas estarán, según la administración socialista, la ley de Presupuestos, así como la ley de crédito al consumo o la modernización del sistema financiero. Pero, además, una ley de democracia en la empresa.
Esta última medida se pondrá sobre la mesa después de que el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz presentara en el mes de febrero un «Informe de la Comisión Internacional de expertos y expertas de alto nivel sobre la Democracia en el Trabajo». «Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas», rezaba el informe presentado por Trabajo. A su vez, señalaba que el Gobierno también debería establecer «los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción».
Trabajo indicó que el informe presentaba un «diagnóstico actual del estado de la Democracia en el ámbito laboral». Asimismo, se ofrecía «una estrategia para el desarrollo futuro del artículo 129.2 de la Constitución Española y un apartado práctico que aporta herramientas y recursos para su implementación».
De acuerdo con lo que expresaba ese informe, el acceso a la voz de las personas trabajadoras dentro del ámbito laboral es «muy tímido» y lamentaba que no hubiera un «desarrollo del mandato del acceso a la propiedad».
La comisión proponía unos ratios para que las personas trabajadoras se sentasen en los consejos de administración. El número se elevaría hasta la mitad de los puestos en el caso de empresas de más de mil trabajadores. En el caso de las empresas entre 50 y mil empleados, se reservará un tercio de los sillones. El informe de la Comisión que puso en marcha Trabajo proponía el «derecho a la codecisión en la Inteligencia Artificial» para los comités de empresa y el «acceso a la propiedad entre un 2% y un 10% en el caso de las grandes corporaciones». A su vez, se hablaba de la «creación de fondos ciudadanos que eviten la disolución de empresas viables en crisis de sucesión».
Entonces, Díaz subrayó la necesidad de esta ley. La fundadora de Sumar aseguró que «una empresa sin la voz de los trabajadores es como un Parlamento sin el voto de sus ciudadanos». «Si queremos una democracia fuerte, no podemos conformarnos con una democracia a medias. Es hora de que la democracia entre en nuestros lugares de trabajo», abundó. «Es hora de democratizar las empresas y la economía», indicó en el acto en el que se presentó el informe de esta comisión a principios de febrero de este año.
