Según datos manejados a partir de la última EPA de 2025, España cuenta con 999.738 empleados públicos temporales, sobre una plantilla pública total de 3.107.195 trabajadores. Esto sitúa la temporalidad de las Administraciones Públicas en el 32,2%, más de cuatro veces por encima del objetivo del 8% comprometido ante la Unión Europea.
Según las estimaciones elaboradas a partir de datos oficiales y sindicales, los procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021 pudieron dejar sin empleo a entre 67.000 y 90.000 empleados públicos temporales, sin contar los ceses vinculados a ofertas de estabilización anteriores.
Con esos datos en la mano el despacho Araúz de Robles recuerda que la Comisión Europea ya ha requerido a España para que adopte medidas efectivas contra el uso abusivo de relaciones temporales sucesivas en el sector público y contra la discriminación que sufren los empleados públicos temporales e interinos. Si el Estado no corrige esta situación, Bruselas podrá elevar de nuevo el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El problema de fondo es que los procesos impulsados para reducir la temporalidad pública han estabilizado plazas, pero no han garantizado la continuidad de los empleados públicos que las ocupaban desde hacía años o incluso décadas. Esto ha permitido que trabajadores temporales con largas trayectorias en la Administración fueran cesados al perder sus puestos en procesos abiertos a otros aspirantes.
El despacho considera que esta situación ha generado un agravio especialmente grave para empleados públicos que llevaban años sosteniendo servicios esenciales en ámbitos como la sanidad, la educación o la administración general, sin que el sistema haya ofrecido una reparación suficiente frente al abuso de temporalidad cometido por las Administraciones Públicas. A ello se suma que parte de los ceses más antiguos quedaron fuera del régimen indemnizatorio previsto por la Ley 20/2021, al proceder de convocatorias anteriores. Según Araúz de Robles, esto ha dejado a muchos afectados sin una compensación equivalente al daño sufrido, pese a haber encadenado relaciones temporales durante largos periodos para cubrir necesidades estructurales de la Administración.
La última EPA refleja que 999.738 empleados públicos continúan en régimen de temporalidad, lo que equivale a casi una tercera parte de la plantilla pública. Para Araúz de Robles, este dato evidencia que las medidas adoptadas hasta ahora no han conseguido corregir una anomalía estructural, pese a las advertencias reiteradas de Bruselas y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El despacho recuerda que España se comprometió ante Bruselas, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a reducir la temporalidad en el empleo público por debajo del 8% antes del 31 de diciembre de 2024. Más de un año después de ese plazo, la tasa continúa instalada en el 32,2%, lo que evidencia, según Araúz de Robles, la insuficiencia de las reformas aprobadas hasta la fecha.
Y lo peor de todo es que el incumplimiento de los compromisos asumidos ante Bruselas puede derivar en la pérdida de más de 625 millones de euros de fondos europeos, recursos que podrían destinarse a reforzar servicios públicos, mejorar infraestructuras o apoyar la actividad económica.
