Las recientes solicitudes de reembolso, que superan los 10.000 millones de dólares en el primer trimestre, han obligado a varios grandes gestores a limitar las salidas de capital, poniendo en evidencia una de las principales tensiones estructurales de este mercado.
Durante años, el crecimiento del crédito privado ha estado impulsado por un entorno de tipos bajos, una regulación bancaria más exigente y una búsqueda intensa de rentabilidad por parte del inversor. Ese contexto ha permitido que se consolidara como una alternativa atractiva dentro de las carteras. Sin embargo, también ha favorecido la expansión de estructuras que combinan activos claramente ilíquidos, como los préstamos privados, con vehículos que ofrecen ventanas de liquidez periódica.
El punto crírico es que esa liquidez es, en gran medida, condicional. Mientras las entradas de capital compensan las salidas, el sistema funciona. Pero cuando las retiradas se concentran, la liquidez desaparece como opción real. Es entonces cuando se activan los mecanismos de limitación de reembolsos, los conocidos “gates”, y lo que parecía liquidez se convierte en una promesa condicionada. En ese punto no solo se ajusta el acceso al capital, también se erosiona la confianza del inversor.
El crédito privado no tiene un problema de rentabilidad, tiene un problema de liquidez y solo se hace visible cuando el inversor quiere salir.
A esta fragilidad estructural se suma el cambio de régimen monetario. Durante años, el crédito privado se ha beneficiado de un entorno excepcionalmente favorable, con costes de financiación muy bajos y refinanciaciones accesibles. Hoy el escenario es distinto. La subida de tipos ha incrementado el coste de financiación, ha complicado las refinanciaciones y está empezando a tensionar la calidad crediticia de muchas compañías. Esto no implica necesariamente un repunte inmediato de impagos, pero sí introduce un riesgo más complejo y menos visible de acumulación de desequilibrios que pueden aflorar de forma progresiva en los próximos trimestres. En otras palabras, no solo aumentan los defaults potenciales, sino también los defaults diferidos, aquellos que todavía no se reflejan en las cifras, pero que empiezan a acumularse en el balance de muchas compañías.
Todo ello se produce en un contexto macroeconómico en el que la liquidez global se está reduciendo de forma gradual. Estados Unidos afronta un volumen muy elevado de refinanciaciones, Europa mantiene un crecimiento débil y los bancos centrales siguen atrapados entre la necesidad de contener la inflación y el riesgo de frenar la actividad. En este entorno, la liquidez deja de ser abundante y pasa a ser selectiva.
Más allá del crédito privado, lo relevante es la señal que envía al conjunto de los activos alternativos ilíquidos. Segmentos como el capital privado, las infraestructuras o el inmobiliario no cotizado comparten dinámicas similares en términos de liquidez y valoración. El mercado empieza a replantearse hasta qué punto esas primas de iliquidez compensan los riesgos asumidos en un entorno menos complaciente.
En este nuevo escenario, la liquidez recupera su papel como variable clave en la construcción de carteras. Ya no es un elemento secundario, sino un factor determinante en la gestión del riesgo. Porque en momentos de tensión es cuando se pone de manifiesto la diferencia entre el valor estimado de un activo y la capacidad real de convertirlo en efectivo.
