El anuncio, que figura en el Boletín Oficial del Estado de este miércoles, emplaza a los interesados a personarse como parte demandada en un plazo de nueve días.
La resolución impugnada fue aprobada por Competencia el pasado 3 de junio y se aplicará entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026. Para ese periodo, la CNMC estableció una retribución global 103 millones de euros inferior a la de 2025, en línea con la senda decreciente marcada por las circulares 9/2019, 4/2020 y 8/2020, y por el efecto de la amortización de activos en transporte y regasificación.
El ajuste incorpora, además, actualizaciones de ejercicios anteriores con la última información disponible. Por actividades, la distribución gana 43 millones de euros gracias a que la demanda registrada en 2024 y 2025 superó las previsiones. El transporte también sube, con 7,7 millones más derivados de la inclusión de nuevas instalaciones en el régimen retributivo a inicios de año. En cambio, la regasificación recorta su coste en 91,2 millones por un gasto eléctrico real inferior al estimado.
En paralelo, la CNMC ha aprobado la resolución de peajes de acceso para el mismo ejercicio, con una subida media del 11,2% sobre la factura. Este incremento obedece a la menor demanda para generación eléctrica y a la caída de ingresos en las plantas de GNL por una menor adjudicación de primas en las subastas de capacidad.
El alza no será uniforme: los peajes de regasificación subirán, mientras que los de entrada y salida a la red de transporte y los de redes locales registrarán descensos. La medida afectará de manera distinta según los grupos tarifarios y la actividad.
Con este recurso, Madrileña Red de Gas —uno de los principales operadores de redes de distribución en la Comunidad de Madrid— se suma a la lista de compañías que han recurrido en los últimos años ajustes regulatorios que, según defienden, merman la estabilidad y la previsibilidad de sus ingresos.
El pulso entre empresas y regulador ha sido constante desde la reforma del marco retributivo emprendida en 2019, que estableció una reducción progresiva de ingresos para las actividades reguladas y limitó el reconocimiento de costes.
