Así lo expone la instructora en una providencia del día 10 de febrero, después de que la Guardia Civil le avisara días antes en un oficio de que personal de Adif se llevó material de la zona en la madrugada cuatro días después del suceso, ocurrido el domingo 18 de enero, y practicó distintas pruebas «sin advertirlo, ni solicitarlo». En este sentido, la jueza requiere a Adif que se abstenga de practicar «cualquier prueba sobre la material extraído, si no es previa autorización judicial», a la vez que le pide «la restitución inmediata del material que obre en su poder, todo ello bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal que resultara procedente».
La Guardia Civil constató que el personal de Adif «realizó distintas operaciones tendentes a la extracción y traslado de material» desde la zona del accidente de Adamuz hasta la base del administrador ferroviario en Hornachuelos, donde practicaron «pruebas en el material, sin advertirlo ni solicitarlo».
La Unidad Orgánica de la Policía Judicial, perteneciente a la Comandancia de Córdoba de la Guardia Civil, tomó manifestación al responsable de la base de mantenimiento de Adif en Hornachuelos para esclarecer las posibles irregularidades cometidas por parte del personal del administrador ferroviario.
En el oficio del instituto armado, se puede leer que el interrogado asegura que el día 22 recibió «orden verbal del Jefe de Área de Adif» para que se «procediera a la retirada de cupones de raíl, entre las que hay soldaduras, y su trasladado a la base de mantenimiento», una acción «que se llevó a cabo entre la noche y la madrugada del citado día 22 de enero y día 23».
El responsable al que se tomó declaración reconoció a los agentes que si bien se «realizaron ensayos» sobre los citados rieles, ignoraba por su parte «el alcance de estas pruebas», aunque sí pudo aclarar que en ningún momento estas «fueron destructivas». Los agentes de esta unidad del instituto armado se habían presentado en la zona del accidente el día 30 para tomar nuevas mediciones del bogie y del eje del bogie del vagón número 8 del Iryo, además de otras complementarias en las soldaduras existentes en el tramo, donde se les informó de que los cupones con las soldaduras se habían trasladado ya a Hornachuelos.
Ante esa sorprendente situación, se comunicó el 2 de febrero mediante correo electrónico a Adif de que no realizaran ningún tipo de actuación en las soldaduras sin autorización previa. Al día siguiente, los agentes de la UOPJ de Córdoba llegaron a la Base de Adif para llevar a cabo el precinto de las soldaduras allí depositadas.
La Guardia Civil concluye en su oficio que el personal del administrador ferroviario «realizó distintas operaciones tendentes a la extracción y traslado de material» desde la zona del accidente hasta dicha base donde practicaron «pruebas en el material, sin advertirlo ni solicitarlo».
Adif ha asegurado, tras la publicación en la noche de este lunes de la noticia de que sus operarios se llevaron pruebas del accidente de Adamuz antes de la autorización judicial, de que solo se retiró aquel material que ni la Guardia Civil ni la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) se llevaron en su primero inspección tras el choque entre ambos trenes. Tras la polvareda que se ha levantado tras la noticia, fuentes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias han señalado que, si no hubieran retirado y custodiado en sus instalaciones esas piezas que ni la Guardia Civil ni la CIAF se llevaron, con el inicio de los trabajos, el día 26, «hubieran acabado en cualquier vertedero».
Desde el organismo público subrayan que todo se trasladó a un edificio de mantenimiento en Hornachuelos y que siempre estuvo a disposición judicial y policial. Lo cierto es que una vez pudo localizar esas piezas la Guardia Civil, y nunca antes, fue cuando decidieron incorporarlas a su investigación en su posterior informe.
