La propuesta que ha venido trabajándose a nivel interno, desde el pasado verano, entre los propios magistrados y la Fiscalía especial Antidroga, ha sido, ahora, trasladada al Consejo General del Poder Judicial (CGP),en un escrito remitido hace unos días por Fernández, en el que se solicitaba al máximo órgano de representación de jueces y magistrados la posibilidad de actualizar y ampliar sus funciones. En especial, debido a evolución del crimen organizado, el carácter transnacional del mismo y el crecimiento de los delitos de narcotráfico, cada vez más especializado, que en los últimos tiempos están poniendo en jaque a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el Sur de España.
El acuerdo, sobre este particular, recogido en el punto Séptimo del acta de la Sala de Gobierno de la AN ya está sobre la mesa del Consejo que, de momento, no se ha pronunciado al respecto.
Y es que, desde la Audiencia Nacional se ha detectado la necesidad de cambiar algunos de los aspectos judiciales en la lucha contra la criminalidad, en todas sus vertientes, como parte de la política compartida desde la Unión Europea en materia de seguridad. No en vano, tanto el terrorismo, como las amenazas híbridas, la trata de seres humanos y la pornografía infantil, vinculada al uso de las redes sociales, de las que también se desprende un incremento de la delincuencia económica y la cibercriminalidad, conforman una realidad delictiva, cuyo tratamiento material y procesal requiere de ciertos ajustes de la ley vigente, y más en concreto del artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)
