Es una degradación del lenguaje institucional que revela hasta qué punto parte del poder político ha normalizado su desconexión con la realidad del Estado al que dice servir. Las palabras pronunciadas por Montero en el debate de Canal Sur no fueron un lapsus: fueron una expresión cruda de una forma de pensar y de gobernar.
No hubo nada accidental en lo ocurrido en Huelva. Dos agentes murieron en una operación contra el narcotráfico, en uno de los escenarios más violentos y descontrolados del sur de España, donde las organizaciones criminales actúan con superioridad material, logística y, a menudo, operativa. Encajar ese episodio en la estadística genérica de la siniestralidad laboral supone algo más grave que una torpeza: implica rebajar moral y políticamente el sacrificio de quienes mueren defendiendo al Estado frente a delincuentes cada vez más impunes.
La indignación de las asociaciones de la Guardia Civil y de la Policía fue inmediata y justificada. Porque no protestaban solo por una palabra mal elegida, sino por un marco mental que lleva años instalándose. El marco de la trivialización. El marco del eufemismo. El marco de un poder que prefiere amortiguar el impacto político antes que afrontar el problema de fondo. Cuando los propios agentes hablan de que estas muertes son “un precio que se paga protegiendo al Estado”, están denunciando algo mucho más incómodo: que el Estado acepta ese precio sin dotarles de los medios adecuados para no pagarlo.
La rectificación posterior de Montero, forzada y tardía, no corrige el daño causado. Un tuit no borra una percepción asentada ni reescribe una jerarquía de valores. Reconocer que se trató de muertes “en acto de servicio” era lo mínimo, pero llegó después de que el lenguaje revelara, sin filtros, una preocupante falta de conciencia institucional. Peor aún fue la respuesta de Moncloa, convertida en un ejercicio de contención retórica, apelando a la empatía y al compromiso mientras esquivaba el núcleo del problema: la creciente inseguridad, la falta de recursos y la pérdida de control efectivo sobre territorios clave.
Este episodio no es aislado. Forma parte de una secuencia en la que los símbolos, las palabras y las decisiones vienen apuntando en la misma dirección: la del repliegue del Estado y la asunción resignada de que hay batallas que se libran sin respaldo real desde los despachos. El narcotráfico no es una abstracción ni un fenómeno coyuntural. Es una amenaza estructural que ha evolucionado, se ha profesionalizado y ha explotado las debilidades del sistema. Frente a ello, el discurso político suena cada vez más hueco.
En democracia, el lenguaje del poder no es inocente. Define qué importa y qué se minimiza. Cuando un Gobierno reduce una muerte en servicio a la categoría de accidente laboral, está enviando un mensaje implícito: que el sacrificio de quienes sostienen el Estado puede diluirse en la contabilidad general del sistema. Eso no es solo un error político. Es una irresponsabilidad institucional.
Porque el problema no es la palabra rectificada, sino la lógica que la hizo posible. Y mientras esa lógica no se corrija con hechos —medios, respaldo jurídico, presencia real del Estado—, ni las disculpas ni los discursos devolverán la confianza a quienes patrullan donde el Estado empieza a faltar.
