El aumento de las temperaturas incrementa los costes de operación de edificios e infraestructuras, eleva la demanda energética y reduce la productividad en sectores clave de las ciudades.
Según la AEMET, España ha registrado entre 2001 y 2025 el doble de olas de calor que en los 25 años anteriores, además de episodios más prolongados. En este contexto, la firma Arup identifica cuatro ámbitos especialmente afectados:
1. Edificios y sector inmobiliario
La necesidad de refrigeración aumenta el consumo energético y los costes de funcionamiento de viviendas, oficinas, hospitales y centros educativos. La situación es especialmente compleja en edificios antiguos o poco eficientes, que requieren adaptación para garantizar confort y habitabilidad.
2. Infraestructuras de transporte
Las altas temperaturas pueden deformar vías ferroviarias, deteriorar asfaltos y pistas aeroportuarias y provocar fallos técnicos, lo que incrementa las necesidades de mantenimiento y supervisión.
3. Redes energéticas
El calor dispara la demanda eléctrica y aumenta el riesgo de sobrecargas, interrupciones del suministro y daños en infraestructuras, además de elevar la exposición a incendios forestales.
4. Industria y tecnología
Sectores como los centros de datos afrontan mayores exigencias de refrigeración. El crecimiento de la inteligencia artificial y el uso intensivo de GPU obligan a optimizar diseño, ubicación y eficiencia energética.
Cómo reducir el impacto
Ante esta situación, el riesgo térmico se está integrando en la planificación urbana y la gestión de activos. Entre las medidas más eficaces destacan la mejora del aislamiento de los edificios, el uso de materiales reflectantes, la creación de zonas de sombra, el refuerzo del mantenimiento preventivo y la ampliación de infraestructuras verdes.
Además, las herramientas de modelización climática permiten identificar áreas vulnerables y priorizar inversiones para aumentar la resiliencia urbana.
Según Saiz, directora de Servicios de Clima y Sostenibilidad de Arup en Europa, las olas de calor ya afectan a edificios, infraestructuras y servicios esenciales, con consecuencias sobre la calidad de vida, los costes operativos y la continuidad de la actividad económica, por lo que incorporar el riesgo térmico a la planificación resulta cada vez más necesario.
