Por ello, defiende investigar si existieron fallos relevantes en materia de prevención, auxilio o protección.
Así lo argumentó la fiscal jefa de Ceuta, Silvia Rojas, al solicitar que la causa abierta contra el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, fuera remitida a la Audiencia Nacional, petición que finalmente ha sido aceptada.
Según la Fiscalía, para analizar la posible responsabilidad del delegado es necesario estudiar de forma conjunta las circunstancias que rodearon la entrada masiva, la información disponible para las autoridades y las medidas adoptadas antes y durante la crisis. El objetivo es determinar si existió alguna relación entre esas actuaciones o posibles omisiones y los fallecimientos, lesiones u otros hechos investigados.
El Ministerio Público sostiene que esta investigación está estrechamente vinculada a la causa que dirige la Audiencia Nacional sobre el origen de la convocatoria migratoria, el desarrollo del cruce fronterizo y la respuesta desplegada por las autoridades españolas.
A juicio de la Fiscalía, dividir las pesquisas entre distintos órganos judiciales podría provocar una visión parcial de los hechos, duplicidad de actuaciones e incluso resoluciones contradictorias sobre cuestiones clave como la previsibilidad del riesgo, la información disponible o la suficiencia de los dispositivos de seguridad.
Por ello, considera que la actuación del delegado del Gobierno debe examinarse dentro del mismo contexto operativo y de toma de decisiones que se encuentra bajo investigación en la Audiencia Nacional, al formar parte de una misma secuencia de acontecimientos relacionados con la crisis migratoria de Ceuta.
