La organización considera que el Ejecutivo ha recurrido de forma injustificada a una excepción prevista en la Ley 40/2015, que permite designar a personas ajenas al cuerpo de funcionarios A1 en determinados casos. A su juicio, el cambio supone un precedente preocupante al alterar las reglas para facilitar un nombramiento concreto y debilitar los principios de mérito, capacidad e independencia de la alta función pública.
FEDECA asegura que no cuestiona la trayectoria profesional de Sánchez-Blanco, sino la decisión de modificar la normativa para hacer posible su designación. Su presidenta, Ana Ercoreca, advierte de que convertir las excepciones en una práctica habitual pone en riesgo el modelo profesional de dirección pública.
El origen de la polémica se encuentra en el Real Decreto 644/2026, aprobado el 28 de julio, que incorporó la Dirección General del Tesoro al listado de órganos cuyos responsables pueden ser nombrados sin pertenecer al subgrupo A1. Hasta entonces, el puesto estaba reservado con carácter general a funcionarios de carrera.
La federación sostiene que existen funcionarios cualificados para desempeñar el cargo y rechaza que la especialización alegada por el Gobierno justifique modificar el modelo vigente. En su opinión, lo que está en juego tras esta decisión es la preservación de una Administración profesional, independiente y al servicio del interés general.
