En este periodo se han elevado diferentes partidas, como los salarios del personal del Estado, que se han incrementado un 7,5% en solo un año, aunque la protección social es la que ha protagonizado la mayor absorción de recursos, especialmente la asociada al envejecimiento de la población, como el de la sanidad o las pensiones.
Este 2026 se prevé excepcional en cuanto al gasto de las Administraciones por las medidas extraordinarias para paliar las consecuencias económicas de la guerra de Irán, que está impulsando el alza de los precios de combustibles, que, a su vez, suelen desencadenar una escalada de precios. Sin embargo, la institución financiera calcula que se ampliará en 49.760 millones de euros con respecto al pasado ejercicio (un 6,6% más), cerca del doble del incremento registrado entre 2024 y 2025, es decir, de 28.498 millones.
Parte de este desbocado aumento en el gasto público —cifra que el organismo internacional da en divisa local, euros— puede explicarse por el alza de precios que se ha producido en los últimos años, teniendo en cuenta no solo que la eurozona ha vivido graves episodios de inflación tras la pandemia y durante la invasión rusa de Ucrania, sino que la escalada inflacionaria ha afectado más a España que al resto de la Unión Europea. Sin embargo, según la misma base de datos, la inflación acumulada en el mismo periodo fue del 26,1%; mucho más reducida en comparación con el dispendio creciente de las Administraciones.
El FMI estima que este 2026, el Estado va a gastar 299.895 millones de euros más de los registrados hace ocho años, pasando de representar el 41% del producto interior bruto (PIB) a un 45,3%, aunque no será el dato más alto de la serie, que llegó junto a la covid en 2020 (51,4%). Este periodo también ha estado marcado por un endeudamiento muy elevado, que supera el medio billón de euros. En particular, el Fondo cuantifica que entre 2018 y 2026 se han emitido 532.142 millones adicionales en deuda bruta hasta alcanzar los 1,74 billones de euros (un 44% más), mientras que la neta se ha incrementado en un 44% hasta los 1,47 billones, con un aumento de 447.905 millones.
En un informe de marzo, la institución señalaba tanto al Ejecutivo como a las regiones por el gasto excesivo. Indicó que «para asegurar que las comunidades autónomas contribuyen [al] esfuerzo» del saneamiento de las cuentas públicas, «la reducción contemplada en su deuda y el incremento de transferencias por parte del Gobierno central deberían llegar junto a planes de consolidación creíbles y una reforma de la norma fiscal subnacional centrada en límites en el crecimiento del gasto estrictamente fiscalizados», apuntando además a la necesidad de subidas de impuestos o recortes adicionales para cuadrar las cuentas.
Para el Fondo, España ha fracasado en el intento de reducir la deuda autonómica y evitar los gastos procíclicos —aquellos que suben cuando la economía rinde mejor en vez de mitigar el impacto de las crisis—, y propone medidas para limitar el endeudamiento de las comunidades, como obligándolas a presentar planes estratégicos que comprendan varios ejercicios fiscales y permitan planificar y mejorar el cumplimiento de los objetivos. La radiografía para 2026 del World Economic Outlook dibuja un país con 50,3 millones de habitantes, un crecimiento económico real del 2,1%, un producto interior bruto de 2,09 billones de euros, una inflación del 3%, una tasa de paro del 9,8% y una deuda pública que asciende al 98,2% del PIB
