Se trata de una reforma que el ala socialista del Ejecutivo no ve necesaria, según reconoce en un informe que ha remitido a la Cámara Baja el Ministerio de Economía. Sin embargo, el PSOE no ha avanzado su voto, ante un debate que les obliga a posicionarse en un momento especialmente complicado. El texto plantea en concreto que se deberá declarar el embargo a aquellos Estados que estén siendo perseguidos por genocidio o crímenes de lesa humanidad por un tribunal internacional, como es el caso de Israel y la Corte Penal Internacional. Además, la norma establece que se deberán romper todos los contratos que sean de material de defensa, sin necesidad de que sean propiamente armas. En la iniciativa se habla por ejemplo de material antidisturbios o combustible de ámbito militar. Y también incorpora un protocolo específico para reforzar la inspección de la carga de los buques y aeronaves que pasen por España con destino a Israel. Se trata, en definitiva, de un endurecimiento de los controles en el comercio con Israel que, de aprobarse, obligaría a un embargo automático a Israel; una medida que el Ministerio de Economía no ve necesario adoptar. El departamento ha remitido un escrito al Congreso en el que informa “desfavorablemente” de esta reforma. En ese texto argumentan que ya existen controles “extremadamente rigurosos” que cumplen la normativa europea e internacional”.
«Esta Proposición de Ley no señala las razones de interés general que justificarían una limitación general de los derechos de los administrados ni por qué el mecanismo de control individualizado existente es insuficiente para obtener los objetivos declarados por esta propuesta», señalan en el escrito, remitido el lunes 19 de mayo. Economía defiende que «la legislación actual permite ese examen individualizado de cada solicitud, analizando cada operación a través de mecanismos de control extremadamente rigurosos que cumplen la normativa europea e internacional». Según el ala socialista del Gobierno, la normativa vigente está «más adaptada a los principios del derecho que lo que propone la Propuesta objeto de debate». «Ese examen individualizado permite cumplir los objetivos de manera proporcionada»,.
Además, avisan de que «España no aplica medidas restrictivas de carácter unilateral en el comercio exterior de material de defensa y de doble uso, por considerar suficientes las sanciones internacionales de las NNUU, la UE, la Corte Penal Internacional y la OSCE». «Si se tuviese conocimiento o existiese riesgo de uso indebido de los materiales exportados, las autoridades españolas aplicarían el artículo 8 de la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, por el que se puede suspender o revocar una autorización previamente concedida», añaden.
Tampoco Junts ha aclarado su voto, aunque finalmente , los de Puigdemont votaron con los socialistas después de que el presidente Pedro Sánchez haya endurecido su postura, tras pedir la expulsión de Israel de Eurovisión.