El secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, defendió que ya no existen motivos jurídicos ni financieros para oponerse a la iniciativa y aseguró que España ha aportado todas las garantías necesarias. Sin embargo, varios países mantuvieron sus reservas y consideraron que las dudas planteadas en debates anteriores siguen sin resolverse.
La discusión estuvo además marcada por el malestar de algunos Estados miembros ante la posibilidad de que España vincule esta reivindicación lingüística a futuras ampliaciones de la UE. Diversas delegaciones expresaron su rechazo a que cuestiones internas condicionen decisiones comunitarias de mayor alcance.
Durante la reunión, el Gobierno español volvió a exponer sus argumentos, pero la propuesta quedó nuevamente aparcada. Países como Alemania, Suecia, Lituania o Croacia insistieron en que el debate ya ha sido analizado en varias ocasiones y que no existe consenso suficiente para avanzar.
La percepción entre los Estados miembros es que la iniciativa continúa lejos de reunir la unanimidad necesaria para salir adelante, requisito indispensable para modificar el régimen lingüístico de la Unión Europea
