Al igual que la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado lo considera, de momento, un paso «prematuro», pero que no desecha dar en la instrucción que dirige. El instructor del caso en la Audiencia Nacional (AN) esperará para decidir si cursa su citación a tener en sus manos el informe que encargó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre todo lo relativo a la concesión del título de operadora para la compañía investigada por el fraude de más de 200 millones en el IVA.
Entre las pesquisas pendientes, se incluye el análisis de los wasaps que se cruzaron sobre este asunto el ex asesor principal de José Luis Ábalos y Víctor de Aldama que obran en la instrucción del «caso Koldo» de la AN.
Las indagaciones policiales vinculan a Koldo con una mediación para lograr esta autorización del Estado y Bidart entra en escena por la reunión que habría mantenido con miembros de la «trama del fuel» en el Ministerio de Industria dirigida intentar agilizar los trámites y que Villafuel pudiese comenzar con su actividad presuntamente delictiva.
El encuentro, según declaró el comisionista en sede judicial, lo habría propiciado la antigua mano derecha del ex ministro socialista de Transportes. El propio Bidart confirmó la celebración de esta reunión cuando acudió a comparecer como testigo en la pata del «caso Koldo» que se sigue en el Tribunal Supremo. En ella, habrían estado presentes también Claudio Rivas, socio de Aldama en la compañía, y Carmen Pano, la empresaria que dice llevado comisiones a la sede de Ferraz.
Bidart aprovechó para desmarcarse de la concesión de la licencia alegando que Industria, donde trabajaba, no era el departamento competente para su autorización, dado que esta decisión teóricamente depende del Ministerio de Transición Ecológica, que entonces encabezaba la ahora vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera. Hay que recordar que Pano ha venido explicando en sus sucesivas declaraciones en los tribunales (como testigo en el alto tribunal y como imputada en esta causa de la AN) que entregó 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE de la madrileña calle Ferraz. Cuando declaró ante la UCO el año pasado lo relacionó con una contraprestación para la obtención de la licencia por parte de Villafuel.
Volviendo a Pedraz, el juez, sin embargo, descartó de plano practicar una testifical a Ángel Víctor Torres, ahora ministro de Política Territorial, para indagar en si participó, como presidente de Canarias, en, al menos, en una reunión con Aldama y Rivas dirigida a estudiar la posibilidad de que Villafuel exportase petróleo de Venezuela y que este se comercializase en nuestro país a través de los puertos marítimos del archipiélago canario.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 entiende que este extremo no forma parte del objeto de investigación del «caso hidrocarburos» y, por ello, dijo «no» a la practica de esta diligencia, que fue solicitada por la acusación popular, que encabeza Hazte Oír.
Lo que contrasta con que no descarte llamar a Koldo y a Bidart, ya que estima, en este caso, siguiendo lo referido por la Policía Judicial, que la concesión de la licencia fue un trámite clave porque, sin que se llevase a término, no habrían podido ejecutar la «operación fraudulenta» de defraudación millonaria a la Agencia Tributaria. Es, por ello, que los detalles de cómo Villafuel acabó siendo un operador autorizado forma parte de una investigación que sigue su curso.
