La magistrada ha acordado una amplia batería de diligencias solicitadas por la Fiscalía. Entre ellas figura el análisis biométrico y de reconocimiento facial de personas identificadas en informes policiales, así como la reconstrucción de la cadena de mando de los dispositivos desplegados en la zona fronteriza durante los días previos y posteriores a los hechos.
Asimismo, ha requerido a distintos organismos policiales y militares que remitan las alertas, análisis de riesgo e informes de inteligencia emitidos antes de la crisis, detallando destinatarios, fechas y vías de comunicación utilizadas.
La juez ha abierto además una pieza separada de carácter secreto para investigar la posible organización de la movilización a través de redes sociales y plataformas digitales. Para ello solicitará información a empresas como Meta, WhatsApp, Instagram, TikTok, Telegram, Google y Apple sobre cuentas, conexiones y comunicaciones vinculadas a la convocatoria.
También ha pedido al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) información completa sobre los organizadores, dinamizadores y perfiles que participaron en la difusión de la convocatoria, incluyendo datos de geolocalización y trazabilidad digital.
En paralelo, la UDEF y la UCO deberán elaborar un informe financiero para determinar si existió financiación organizada, sistemas informales de transferencia de fondos o contratación de medios de transporte vinculados a la movilización masiva.
Por último, Tardón ha ordenado recopilar todas las imágenes, grabaciones, vídeos operativos, material de drones y cámaras de vigilancia disponibles para elaborar un informe pericial único que permita reconstruir cronológicamente los acontecimientos y determinar responsabilidades.
