Fuentes jurídicas informan de que la corte de garantías ha tomado su decisión por unanimidad a partir de la propuesta de la magistrada progresista Diez; por tanto, será la primera vez que el tribunal examinará el desestimiento del Ejecutivo a presentar los presupuestos.
De esta forma, el tribunal estudiará el «incumplimiento del Gobierno de su deber constitucional de presentación de los Proyectos de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2024, 2025 y 2026 y uso de la prórroga durante los años 2024, 2025 y, en su caso, 2026, sin que sean aprobados unos nuevos Presupuestos».
Fue en diciembre cuando el Senado volvió a plantear al Constitucional un nuevo conflicto de atribuciones con el Gobierno, a instancias del grupo popular, mayoritario en la Cámara, por no haber presentado y remitido al Congreso el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. Esta iniciativa parte de una decisión adoptada por el pleno de la Cámara Alta el pasado 22 de octubre, cuando los senadores acordaron enviar un requerimiento al Gobierno para instarle a presentar el proyecto presupuestario, paso previo a la iniciación del conflicto.
El conflicto ante el Constitucional se sustenta en el convencimiento de que la falta de presentación del proyecto junto al «abuso indefinido de la prórroga presupuestaria» vulnera varios artículos de la Carta Magna.
Y ello porque, según la argumentación de la Cámara Alta, el Gobierno «incumple la obligación constitucional de elaborar y presentar anualmente el proyecto de Presupuestos Generales del Estado» prevista en los artículos 134.1 y 3 de la Constitución.
